Panamá sigue en lista negra de torturas

Panamá, (ACAN-EFE).- Una misión del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura concluyó ayer una visita de varios días a Panamá y recomendó al país reformar su Código Penal para hacer que los delitos de tortura no prescriban nunca.

"La legislación penal establece que la tortura es imprescriptible solo si es sistemática y reiterada. Para nosotros y para los estándares internacionales, cualquier acto de tortura es imprescriptible, independientemente de que sea puntual o mantenido en el tiempo", afirmó a Acan-Efe la jefa de la misión, la guatemalteca Lorena González.

El organismo internacional instó además a Panamá a ampliar la tipificación del delito de tortura, ya que este solo abarca a aquellos actos de tortura cometidos exclusivamente por funcionarios.

"Es necesario que se reforme el Código Penal para que quede claro que la tortura también la pueden cometer terceras personas instigadas por funcionarios o con el consentimiento de los mismos", aseguró González.

Es la primera vez que una misión del Subcomité visita Panamá y recorre distintas cárceles del país, así como comisarías, psiquiátricos, correccionales para adolescentes y centros de detención de migrantes.

El grupo de expertos, que llegó a Panamá el pasado 20 de agosto y estuvo integrado por González y otros tres especialistas, también sostuvo reuniones con representantes de todos los poderes del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil.

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El objetivo de la visita es supervisar si Panamá cumple con lo estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT, por sus siglas en inglés), que ratificó en junio de 2011, y realizar un informe confidencial para el Gobierno.

"No buscamos castigar a un Estado porque cometió tortura, sino evitar que ese Estado cometa tratos crueles", explicó González.

El subcomité tiene mandato para viajar a todos los Estados que son Parte del Protocolo Facultativo y para realizar visitas no anunciadas a lugares de detención.

Los más de 80 países del Protocolo, entre los que están todos los países latinoamericanos menos El Salvador, Colombia y Venezuela, están obligados a crear un mecanismo nacional para prevenir la tortura a más tardar un año después de su ratificación, algo con lo que Panamá aún no ha cumplido.

El Parlamento panameño aprobó en febrero pasado la ley que crea el mecanismo, pero este aún no se ha implementado porque "falta reglamentarlo, elegir a las personas que lo van a integrar y asegurarse de que sea independiente financiera, administrativa y funcionalmente", explicó González.

"Vamos a hacer una revisión en el mes de noviembre y si Panamá ya tiene instalado el mecanismo, inmediatamente retiraremos a Panamá de una lista negra en la que están los países que no han cumplido y que es muy corta porque casi todos terminan cumpliendo", afirmó la especialista.

González también tuvo buenas palabras e indicó que el Gobierno panameño está haciendo esfuerzos para prevenir la tortura, algo que "no se consigue de la noche a la mañana".

Una muestra de ese esfuerzo, añadió, es la puesta en marcha de la carrera penitenciaria, que va a profesionalizar a los custodios, y la reciente implementación del conocido como Sistema Penal Acusatorio (SPA), que es más transparente y garantista que el antiguo sistema procesal inquisitivo y está llamado a reducir la detención preventiva.