Varela fondeará partida discrecional con Crisol de Razas

Con un monto inicial de $4 millones, el gobierno del presidente, Juan Carlos Varela creará una partida discrecional bajo el nuevo término de “fondo rotativo discrecional”, el cual recibirá dinero de lo que paguen los 40 mil extranjeros, que necesitan la renovación de los permisos temporales de residencias, continuidad del programa Crisol de Razas. Se trata de una segunda partida discrecional, ya que hace tres meses, la administración Varela aprobó la creación de un fondo rotativo discrecional que es usado por el Consejo de Seguridad para comprar equipos tecnológicos e informáticos y pagarle a sapos o compra de información, pago de recompensas, gastos de fuentes al igual que cobertura de seguridad en operaciones especiales y gastos colaterales. Pero el asunto va más allá. Con la creación de esta nueva partida discrecional, denominada “fondo rotativo discrecional”, el Ministerio de la Presidencia podrá utilizar diversas fuentes para abastecerlo, mantener la liquidez y cubrir los gastos. Esto significaría que hasta del propio cuestionado Programa de Ayuda Nacional (PAN) podría asignar fondos para esas operaciones secretas. Varela, y su ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, firmaron el pasado viernes el Decreto Ejecutivo No. 169 en el que se establece otorgar a los inmigrantes, en su gran mayoría colombianos, una renovación de sus permisos por un periodo de seis años con el propósito de que legalicen su estatus migratorio en Panamá y puedan laborar y vivir sin estar al margen de la ley. El 80% de los montos recaudados de los servicios migratorios que se le cobrará a los extranjeros será asignado al Ministerio de la Presidencia para ayuda social y seguridad, mientras que el restante 20% irá a un fondo especial para el desarrollo del recurso humano del Servicio Nacional de Migración, según se desprende de la nueva disposición. La medida, que aplica exclusivamente a los extranjeros que se regularon con el programa extraordinario “Crisol de Razas”, desarrollado entre 2010 y 2014, exceptúa del pago de los trámites migratorios a los menores de 12 años de edad; a las personas con una discapacidad profunda comprobable al igual que a los adultos mayores de 85 años de edad y a aquellos que sufran enfermedades terminales y por razones humanitarias.