Zulay Rodríguez continúa cruzada contra Ley de Reavalúos

“Los panameñistas deben verificar, mirar atrás y subsanar esos enredos que les dejó Alberto Vallarino”, ha dicho la diputada del distrito de San Miguelito, en diferentes foros nacionales.

Que la Ley de Reavalúos es una Espada de Damocles que amenaza a miles de panameños que con mucho esfuerzo han logrado tener una casa propia, no existe duda. Que algunos sectores poderosos que germinaron en el pasado gobierno de Ricardo Martinelli y aún florecen en el actual gobierno de Juan Carlos Varela, están detrás de esta Ley, es un hecho comprobado. Una de las promesas de campaña de Varela fue derogar esta ley, pero a casi un año de ejercer el poder, pareciera que no existe interés alguno en honrar la palabra empeñada. Lo cierto es que cuando se aprobó la Ley No. 8 de 2010, el entonces ministro de Economía y Finanzas, era Alberto Vallarino, hoy vicepresidente del Partido Panameñista; y su viceministro era Dulcidio De La Guardia, actual ministro de Economía y Finanzas. Desde que era candidata, la diputada Zulay Rodríguez ha sido una tenaz crítica de esta Ley, ante la amenaza que pende sobre miles de residentes del distrito de San Miguelito, por ejemplo, de perder sus casas que han comprado con tanto esfuerzo, después de décadas de sacrificios. “Los panameñistas deben verificar, mirar atrás y subsanar esos enredos que les dejó Alberto Vallarino”, ha dicho la diputada del distrito de San Miguelito, en diferentes foros nacionales. Destacó que de aplicarse esta Ley, existen áreas en donde los residentes no podrán pagar el impuesto que le cobrarán, una vez se le aplique el nuevo reevalúo, y perderán la vivienda que han adquirido con años de sacrificios. Manifestó que antes de hacer una modificación a esta norma hay que hacer un estudio económico, pues tal como está, la nueva norma traspasa la competencia administrativa y fiscales a los municipios, es decir, los gobiernos municipales pueden aplicar el impuesto que quieran. La diputada Rodríguez, también destacó que el proyecto tiene cosas buenas y mencionó que lo principal es que elimina el efecto reatroactivo de todos los reavalúos que se hicieron, ignorando lo que exige el Código Fiscal, de manera unilateral y sin notificación. También, la diputada Rodríguez dijo que esta ley debe incluir a las personas de la tercera edad, los jubilados y pensionados; a la vez que destacó que también la nueva norma elimina los elementos especulativos y comercial. La diputada Rodríguez fue enfática al señalar que la ley de reavalúos no debe convertirse en un impuesto de expropiación y confiscatorio, “porque al final los perjudicados serán la clase media y profesional y los que trabajan para comprarse una casa, a quienes le podrían quitar sus casas en un juicio de jurisdicción coactiva”. Manifestó que los dueños de promotoras de viviendas, como Alberto Vallarino, se apropiarán de esas viviendas a precios de baratillo. Para ello, Vallarino aún tiene a todas sus fichas en el MEF. Sobre el argumento del ministro De La Guardia, de que no se puede eliminar esta norma ante la carencia de una renta sustitutiva, la diputada Rodríguez, dijo que si el gobierno necesita recaudar impuesto para honrar deudas o ejecutar algún proyecto, hay diferentes alternativas de donde se pueden adquirir estos ingresos. Para ello, sugirió gravar las acciones preferidas acumulativas de personas jurídicas y sociedades anónimas, además de las remesas que envían a sus país los extranjeros residentes en Panamá, el impuesto que pagan las aerolíneas y los yates privados; y a las empresas que operan en la antigua base militar de Howard (Panamá Pacifico). El concepto de renta sustitutiva está amarrado al Presupuesto General de la Nación, por lo que si se expide una Ley que derogue o modifique ingresos, debe hacerlo en un período fiscal determinado y si la Ley empieza a regir en el 2016, no aplica dicha norma, tal como lo establece el artículo 276 de la Constitución, sostuvo. La diputada Rodríguez dijo que cada vez que una persona vende su casa, paga 10% sobre el valor del bien y 2% sobre la ganancia que obtiene; mientras que las empresas no pagan impuesto alguno. “Gravemos a las promotoras”, precisó.

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