- 02/1/14 - 08:05 PM
Critican fallo contra periodista
Miguel González, de la organización Sala de Redacción, explicó que la decisión está fuera de ley, pues la juez debió consultar la Ley de Emisión del Pensamiento de Guatemala que estipula el procedimiento cuando alguien se siente afectado por críticas de periodistas.
Guatemala
AP
La resolución de una juez en Guatemala que prohíbe a un periodista acercarse físicamente a la vicepresidenta, cuya labor como funcionaria ha criticado, fue señalada por organizaciones de prensa por considerar que está fuera de la ley.
Miguel González, de la organización Sala de Redacción, explicó que la decisión está fuera de ley, pues la juez debió consultar la Ley de Emisión del Pensamiento de Guatemala que estipula el procedimiento cuando alguien se siente afectado por críticas de periodistas.
``En Guatemala no hay censura previa, si la vicepresidenta se siente agredida o acosada, tiene que agotar el procedimiento que la ley establece, donde previo a iniciar acciones en fuero común debe realizarse un jurado de imprenta'', dijo González.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ``repudió la decisión judicial'' del 17 de diciembre que prohíbe a Zamora acercarse a la vicepresidenta y consideró la resolución como sorpresiva.
Karen Jeanette Chinchilla Menéndez, jueza de Primera Instancia Penal de Delitos de Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, emitió una orden de protección física en favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti en la cual prohíbe a Zamora perturbar o intimidar a ``la agraviada y a cualquier integrante de su grupo familiar'' por un lapso de seis meses.
Zamora, director del matutino El Periódico, ha publicado varios artículos en los cuales crítica la labor de la vicepresidenta, acusándola de actos de corrupción, irregularidades y nepotismo, entre otros. Como consecuencia la publicidad oficial fue retirada del medio.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que ``repudiamos enérgicamente esta novedosa forma de censura'', una orden que reinventa el delito de desacato dando a los funcionarios públicos el privilegio de acallar las críticas, agregó.
Zamora explicó a The Associated Press que ha presentado seis querellas contra la decisión de la juez y que otras seis están en camino.