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Expresidente Martinelli pide medida cautelar a ONU por violación de derechos
El exmandatario, de 67 años y hasta ahora líder en las encuestas para la Alcaldía de la Ciudad de Panamá, alega que es víctima de una persecución política de su sucesor y antiguo aliado, Juan Carlos Varela.
El expresidente Ricardo Martinell solicitó este jueves medidas cautelares al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al considerar que la indefinición sobre la viabilidad de sus candidaturas en las próximas elecciones es una "violación a sus derechos electorales".
Martinelli afronta bajo detención provisional un juicio por espionaje político y al mismo tiempo aspira a la Alcaldía de Panamá y un escaño en la Asamblea Nacional, en los comicios del 5 de mayo, lo que la ley panameña permite porque no existe una condena judicial en su contra.
Su portavoz, Luis Eduardo Camacho, explicó en un comunicado que el exgobernante pidió la ayuda del organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, "para evitar daños irreparables a sus derechos políticos electorales".
"Que a solo diez días de las elecciones, por evidentes e ilegales presiones políticas a los magistrados del Tribunal Electoral, no se haya resuelto el tema de su candidatura es una violación no solo a sus derechos políticos electorales, sino lo más importante al derecho de los ciudadanos a votar por el candidato de su preferencia", aseguró Camacho.
Martinelli afronta bajo detención provisional un juicio por espionaje político y al mismo tiempo aspira a la Alcaldía de Panamá y un escaño en la Asamblea Nacional, en los comicios del 5 de mayo, lo que la ley panameña permite porque no existe una condena judicial en su contra.
Su portavoz, Luis Eduardo Camacho, explicó en un comunicado que el exgobernante pidió la ayuda del organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, "para evitar daños irreparables a sus derechos políticos electorales".
"Que a solo diez días de las elecciones, por evidentes e ilegales presiones políticas a los magistrados del Tribunal Electoral, no se haya resuelto el tema de su candidatura es una violación no solo a sus derechos políticos electorales, sino lo más importante al derecho de los ciudadanos a votar por el candidato de su preferencia", aseguró Camacho.
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Martinelli es candidato a diputado y alcalde de la Ciudad de Panamá por el partido que él mismo fundó hace dos décadas, Cambio Democrático (CD).
Sus candidaturas, sin embargo, fueron impugnadas y el Tribunal Electoral debe decidir en los próximos días si anula o avala su participación en los comicios.
El abogado Jorge Rubio fue uno de los particulares que recurrieron las postulaciones al considerar que Martinelli no puede ser candidato a ninguno de los dos cargos porque no cumple con el requisito de haber vivido al menos un año antes de las elecciones en la circunscripción o en el circuito electoral para los que se presenta.
Camacho reiteró este jueves que las impugnaciones se hicieron fuera de plazo y que no tienen fundamento porque el exgobernante aportó una certificación de su residencia electoral emitida por el Tribunal Electoral cuando se presentó a las primarias de sus partido.
"El perjuicio que se sufriría ante una eventual exclusión de Ricardo Martinelli Berrocal de los comicios, además de afectar su derecho en forma individual, supone también una violación a derechos de sus posibles electores y al sistema democrático, lo que demuestra la gravedad de la situación", agregó su portavoz.
Martinelli, para quien la Fiscalía pide 21 años de cárcel, lleva desde junio de 2017 en detención preventiva en una cárcel de mínima seguridad a orillas del Canal de Panamá. Previamente, estuvo detenido otro año en Estados Unidos mientras batallaba contra el pedido de extradición de la Justicia de Panamá.
El exmandatario, de 67 años y hasta ahora líder en las encuestas para la Alcaldía de la Ciudad de Panamá, alega que es víctima de una persecución política de su sucesor y antiguo aliado, Juan Carlos Varela.
Martinelli, quien se fue de Panamá en enero de 2015 luego de que la Justicia abriera la primera de cerca de una decena de causas penales en su contra, está siendo juzgado por ordenar la interceptación de las comunicaciones a más de un centenar de políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas durante su mandato.