Ministra de Gobierno aclara situación de la alimentación en cárceles

En el marco de la discusión sobre la alimentación en los centros penitenciarios, la  ministra  de Gobierno, Dinoska Montalvo  compartió importantes aclaraciones sobre el tema, tras las especulaciones y dudas que circularon recientemente en medios de comunicación.

La Ministra destacó que el servicio de alimentación en las cárceles no está a cargo de una sola empresa, sino que son varias las que prestan este servicio en distintas instalaciones. En cuanto al contrato vigente con la empresa que atiende al centro con mayor población, señaló que este acuerdo se extiende hasta diciembre de 2025.

Aseguró que, a pesar de los esfuerzos por realizar licitaciones para mejorar la situación, los intentos previos no han tenido éxito debido a que los precios ofrecidos no resultaban atractivos ni económicamente viables para otras empresas. Actualmente, el costo diario por cada privado de libertad para las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) es de $4.36.

Asimismo, Montalvo reveló que la deuda acumulada por concepto de alimentación superaba los 10 millones de dólares, una cifra alarmante considerando que las empresas encargadas de la provisión de comida están obligadas a mantener el servicio de manera continua, incluso si no han recibido pagos durante más de un año.

A lo largo de los cinco meses de gestión en el ministerio, se han realizado esfuerzos para encontrar soluciones viables para mejorar la alimentación de los privados de libertad. Sin embargo, enfatizó que no se permitirá una carga adicional al Estado para financiar estos gastos.

Entre las propuestas estudiadas se encuentra la posibilidad de que los internos se encarguen de la preparación de los alimentos dentro de los centros, pero para esto sería necesario realizar una inversión significativa en infraestructura, como la adecuación de cocinas y la logística para la compra de insumos.

La ministra Montalvo subrayó que, aunque la solución no se logrará de manera inmediata, el ministerio está comprometido en trabajar para resolver este problema heredado de casi una década de gestión.

La prioridad, afirmó, es encontrar una solución definitiva que garantice la alimentación adecuada de los privados de libertad sin generar mayores cargas para el Estado.