¡Política mete la mano en lo Judicial!

Un rosario de vicios de ilegalidad y constantes violaciones al debido proceso se han aplicado al candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de Panamá, Ricardo Martinelli por parte de las autoridades judiciales, tras la persecución política ejecutada por los últimos dos gobiernos combinado con una campaña de odio mediático impulsada por sus adversarios.

Una revisión revelan cerca de 50 visos de ilegalidad y violaciones al debido proceso por parte de las autoridades judiciales, que arrancaron con la dupla del gobierno de Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell y prosigue en la administración de Cortizo-Carrizo con la absurda idea de que inhabilitando a Martinelli, el oficialismo tendría alguna opción de triunfo en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

A cinco meses de los comicios y con la dupla Martinelli-Mulino tiene un respaldo del 43% de los panameños para ganar las elecciones sus más cercanos rivales Rómulo Roux, Martín Torrijos y Ricardo Lombana, apenas suman 9%, 8% y 7%, respectivamente. El candidato del PRD, José Gabriel Carrizo -antes de estallar la crisis minera- marcaba apenas 3% y es probable que ahora debe estar peor.

Con un Panamá inmerso en una de sus peores crisis de su historia, se requiere de un nuevo Presidente de la República con amplio respaldo popular y no con un gobernante que apenas sume el 30% de apoyo popular, lo que se traduciría luego en constantes olas de protestas y un clima de ingobernabilidad.

En un escrito el abogado Luis Eduardo Camacho González expone la forma se le han violado todos los derechos al exgobernante, sin el más mínimo respeto a las leyes panameñas y a la Constitución Política.

A Martinelli se le violó el Principio de Especialidad tras su extradición el 11 de junio de 2018 , para ser enjuiciado únicamente dentro del proceso pinchazos.

Otra violación a los derechos de Martinelli, se duo cuando careciendo de competencia para ello por su condición de Diputado Centroamericano, se adelantaron actos de investigación que posteriormente se utilizaron en su contra.

Desconociendo el Principio de Especialidad se le relaciona a investigaciones controladas por la exprocuradora Porcell, bajo la conocida Procuraduría Paralela, para perseguir políticamente a Martinelli, con la finalidad de inhabilitarlo para participar en las elecciones de mayo de 2024.

A la fecha, dos de estos procesos manipulados son utilizados por sus rivales políticos para continuar la persecución en su contra, con el objetivo final de impedir que se presente a la próxima contienda electoral como candidato a Presidente, entre ellas, el caso New Business.

En la actualidad se están gestionando nuevas comunicaciones ante el Comité de Derechos Humanos por las graves violaciones que se han presentado en el caso New Business.

New Business guarda relación con la investigación que se inició por la inversión realizada por un grupo de empresarios para la adquisición del Grupo Editorial Epasa,. Martinelli fue uno de los que aportó para dicha compra y todos y cada uno de sus aportes fueron realizados de forma personal, desde sus productos bancarias personales y registradas a su nombre, pero lo más importante es que en el proceso se acreditó que todos estos fondos provenían de fuentes lícitas.

Este caso inició el 21 de febrero de 2017, luego de la intervención en el pleno de la Asamblea Nacional por uno de los aliados políticos de Juan Carlos Varela, el exdiputado Jorge Ivan Arrocha. En el juicio, el entonces secretario general de la Asamblea ,Franz Wever, edejó sentado que el trámite brindado para iniciar la investigación fue irregular, y que a pesar de que expuso que no era correcto se le indicó que se tenía que remitir por instrucciones superiores

El ex fiscal David Mendoza encargado en su momento de la investigación del caso New Business declaró que tanto la ex procuradora como su secretario general Rolando Rodriguez tenían interés especial en Martinelli, a tal punto que lo presionaron para que se investigara y aplicaran medidas cautelares, a pesar de estar Martinelli amparado en el principio de especialidad y al advertir eso provocó que semanas después fuese trasladado y separado de la investigación por parte de la ex procuradora Porcell.

La diputada Yanibel Abrego reveló el verdadero motivo por el cual se inició esta investigación, que no es otro que el interés que mantenía el expresidente Varela de hacerse del control de los medios que consideraban no mantenían una línea editorial acorde los intereses de su gobierno.

Ella reveló que mientras Juan Carlos Varela ejercía como presidente, fue citada a una reunión, donde le solicitaron llevar un mensaje a Martinelli, quien en ese momento se mantenía privado de su libertad, en el sentido de que si hacía entrega de las acciones que le correspondían por sus aportes para la compra de los medios de comunicación, todo se resolvería, ya que sería enviado a casa y se solucionarían sus problemas legales.

Camacho también advierte que la Juez Baloísa Marquínez durante la celebración del juicio a Martinelli, demostró falta de imparcialidad como dar continuidad al juicio sin la presencia del imputado y su apoderado judicial, quienes se encontraban incapacitados, ya que el primero había sido sometido a una intervención quirúrgica y el segundo se encontraba afectado por e COVID.

Durante este acto de audiencia, se dejó constancia expresa de que a la defensa no se le había permitido el acceso a los acuerdos y declaraciones de coimputados que fueron beneficiados al ser excluidos del proceso previo y que solamente se permitió acceso a cuatro archivos de seis testigos que se mantenían ocultos de la defensa.

Dos archivos correspondientes a los testigos protegidos fueron ocultados a la defensa y todavía no se ha permitido acceso a los mismos.

La decisión de la Juzgadora de culminar la audiencia sin hacer comparecer a los testigos protegidos, quienes fueron admitidos como prueba de la defensa de Martinelli ocasionan la imposibilidad de valorar los mismos violentando el derecho al contradictorio y defensa efectiva. La excusa del Ministerio Público ante esta situación, fue que no se logró ubicar y entregar la nota al apoderado judicial. Sin embargo,este argumento es falso y era conocido por la propia juzgadora que miró hacía otro lado y demuestra la falta de imparcialidad.

Tanto el Pacto como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos suscritos y ratificados por Panamá, contemplan el derecho que tenía Martinelli de obtener la comparecencia de los testigos para su interrogatorio y contrainterrogatorio, con la finalidad de garantizar ese principio de inmediación, contradicción y defensa.

A pesar de que la defensa solicitó en tiempo oportuno la declaración en juicio de los dos testigos protegidos, tanto el Fiscal Emeldo Marquez, como la Juez Baloísa Marquínez se prestaron para ocultarlos a la defensa y no presentarlos a juicio a pesar de haber sido admitidos como prueba.

Otra arbitrariedad señalada es la de los Testigos coaccionados o premiados utilizando al abogado William Moore, hermano de la Fiscal Zuleika Moore, enemiga de Martinelli y quien bajo el mandato de la exprocuradora Kenia Porcell y Juan Carlos Varela, se dedicó a aperturar causas contra el Autor y sus allegados.

La participación de William Moore en el expediente dio paso a la salida de la causa de cinco personas, que bajo coacción y promesas de ser excluidos de la investigación declaran hechos falsos en contra de Martinelli. Todos suscribieron acuerdos que se realizaron a espaldas de la defensa del autor, donde no se permitió participación alguna para garantizar el contradictorio y derecho de defensa.

Además se advierte la falta de imparcialidad del Órgano Judicial, que se evidencia en las diferentes actuaciones de los diversos Tribunales que han intervenido conociendo las reclamaciones a las garantías y derechos de de Martinellipero sobre todo en el trámite express que se brinda a los asuntos del candidato presidencial.

Un ejemplo de ello fue el trámite brindado a la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Resolución proferida por el Pleno del Tribunal Electoral, en razón de la solicitud del levantamiento de fuero penal electoral peticionada dentro del expediente New Business. Dentro de esta decisión, los Magistrados del Tribunal Electoral destacaron la figura del principio de especialidad y los adversarios de Martinelli interpusieron tres demandas de inconstitucionalidad, la primera se adjudicó al entonces Magistrado José Ayú Prado; la segunda a la Magistrada Maribel Cornejo; la tercera y última a la Magistrada Presidenta de la Corte Maria Eugenia Lopez, enemiga pública del candidato presidencial.

Una vez los adversarios de Martinelli lograron que una de estas demandas quedarán en manos de la Magistrada María Eugenia Lopez, enemiga de Martinelli, presentaron escritos de desistimiento de las dos demandas de inconstitucionalidad, lo cual es contrario a la Ley, ya que en estas acciones no es procedente el desistimiento. Así, de forma expedita o justicia a la carta se dio trámite a la última acción presentada, pasando por encima de muchas otras demandas que se encontraban pendiente de decisión.

A manera de ejemplo, la Corte se tomó ocho años para pronunciarse en cuanto a la inconstitucionalidad presentada contra la Ley 9 de 1997, que trataba sobre un contrato minero suscrito por Panamá, No obstante, en el caso del autor este trámite fue expedito.

Otro ejemplo es la demanda de inconstitucionalidad presentada por reclamación del matrimonio igualitario presentada en 2016 y que no fue resuelta hasta siete años después.

En el caso de la Juez Baloisa Marquinez, la suerte no fue distinta, debiendo destacar el trámite expedito a la sentencia Mixta No.2 de 17 de julio de 2023, en tan 45 días después de haberse realizado la audiencia de fondo, lo cual se constituye en un caso sin precedentes si se tiene en cuenta que esta causa tenía 175 tomos y más de 90,300 fojas.