Quijano: ‘Piensan que aún tenemos el plumero’
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, acusó ayer en una entrevista con el diario español “El País” a las constructoras Sacyr (España)
/El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, acusó ayer en una entrevista con el diario español “El País” a las constructoras Sacyr (España) e Impregilo (Italia) de creer que los panameños todavía tenemos "el plumero en la cabeza", como cuando los europeos llegaron a América hace 500 años.
“Lo digo hoy con todo el respeto para los aborígenes americanos”, dijo Quijano, quien asegura que las propuestas que ha presentado el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que amenazó con paralizar las obras si no se les pagan $1,600 millones por sobrecostos en la ampliación, “no están buscando negociar”.
La ACP le ha propuesto a GUPC conformado por Sacyr, Impregilo y Cusa, pagarleS $183 millones de anticipo para que sigan las obras de la ampliación, y que los constructores aporten $100 millones, pero la contrapropuesta de GUPC es recibir un adelanto de $400 millones.
Impregilo endureció su propuesta inicial y pidió que ACP le entregue $1,000 millones de adelanto para proseguir con los trabajos, o de lo contrario no habrá ampliación.
"Es una postura muy agresiva y demuestra que de verdad no están buscando negociar, sino poner cartas con las que ni siquiera podemos acercarnos a la mesa para jugar", dijo Quijano. "Me llamó mucho la atención que luego de que la ministra (de Fomento de España, Ana Pastor) habló con el presidente Ricardo Martinelli, con el consorcio y con mi persona, y se comprometió a que GUPC iba a trabajar dentro del contrato, y con pocas horas de que ella haya dejado el país, vengan con una propuesta que está fuera del contrato".
Agregó Quijano: "Si yo tengo que ir allá afuera a tirar pico y pala para terminar esta obra, voy a acompañar a todos los panameños que van a estar conmigo para terminarla".
Nueva amenaza
En una dura carta a la ACP enviada ayer, Impregilo se reiteró en su posición.
"La amenaza de ACP de poner en marcha el denominado plan B, romper el contrato con el consorcio y confiar la realización de las obras a otros, además de ser ilegal y estar vetado por el contrato, es contrario a los intereses del Estado de Panamá...".
Agrega que darle los trabajos a otro contratista implicaría un retraso de al menos 3 años en las obras civiles, y que la posición de la ACP solo se explicaría por la "inexperiencia de los administradores" en obras de tales dimensiones y complejidad.
"Ahora ACP pretende supuestamente que GUPC continúe trabajando, devolviendo ya en los próximos meses todas las cantidades percibidas a modo de anticipo y sin recibir en consecuencia nada por el pago de los trabajos que quedan por efectuar, de los que GUPC debería asumir, en cambio, todos los costes. Está claro que tal pretensión es totalmente inaceptable e incluso ridícula en la actual y dramática situación de emergencia", señala.
Agregó Impregilo que si no se aceptaran sus propuestas, el conflicto pasaría a arbitraje internacional con sede en Miami.