Opinión - 29/12/13 - 10:26 PM

Reivindicación a cuentagotas

El reconocimiento de fondo en esta última parte del año por parte de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia de

Por: - Domingo 29 de Diciembre de 2013 10:26 PM

Luis Alberto Sierra / Luis Alberto Sierra

El reconocimiento de fondo en esta última parte del año por parte de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la legalidad de la creación del área protegida de la bahía de Panamá supone en sí una reivindicación ambiental o una señal de justicia ambiental, según los ambientalistas, pero que tardó en llegar.

Resulta lógico preguntarse por qué esta decisión no se dio antes, y con mayor razón, por qué se llegó a dar esta situación, ya que era dada por cierta la condición de área protegida de esta zona de vital importancia para el futuro ambiental del país y cuyo cuidado resulta además clave para la subsistencia futura de sus habitantes en este país de poco más de tres millones de habitantes, y bendecido por su maravillosa belleza natural e invaluables recursos naturales.

Tuvo que pasar cerca de un año y ocho meses para que el agua volviera a su curso, y tras insistentes protestas y gestiones legales de representantes del sector ambiental y de la sociedad civil, entre otros, indignados desde que en abril de 2012 se había tomado en la Corte la decisión de suspender el efecto de la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) –de febrero de 2009- que reconocía la condición de área protegida de la bahía de Panamá (en el Pacífico), bajo el pretexto de la supuesta falta de una consulta pública. Según el reciente fallo de la Corte, la ley de transparencia no aplica en este caso.

Lo decidido hace poco en la Corte puede ser visto como una reivindicación ambiental, con la esperanza de que también se reconozca la condición de área protegida en Donoso, en suspenso, al margen de intereses económicos como el de la minería, y que esta justicia no llegue más a cuentagotas o sin desconocer el deber constitucional de la máxima corporación de justicia, de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), del Miviot y de otras instituciones de no ser complacientes y proteger el patrimonio natural de Panamá.