¡Vamos... a pelear!
Primero fue una situación cuando la diputada Walkiria Chandler, denunció que le habían colado en su planilla a José Crespo y éste había devengado salarios por $9 mil.
Las pugnas internas han llegado a las filas de la Coalición "Vamos", entre funcionarios de elección popular y subalternos de éstos.
Primero fue una situación cuando la diputada Walkiria Chandler, denunció que le habían colado en su planilla a José Crespo y éste había devengado salarios por $9 mil.
Resulta que Crespo, es asesor legal del también diputado de Vamos, Manuel Samaniego, quien salió presuroso a aclarar que José no era botella, percibe $3 mil, fue contratado por meritocracia y los $9 mil eran un pago acumulado. Todo fue un error de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, fue la explicación.
Ayer hubo otra pugna. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández envió una fuerte advertencia a la diputada Alexandra Brenes, ambas de Vamos, recordándole que uno de los integrantes de su equipo, Ángel Ortega, está sujeto a una orden de alejamiento y medida de protección número 213-24, emitida a favor de la Jefa de Despacho Superior de la Alcaldía, Natasha Díaz.
Ortega fue candidato a diputado de Vamos por San Miguelito y Natasha su suplente, se pelearon y la joven lo denunció por presunto acoso.
Ahora Irma Hernández le manda una carta a Alexandra Brenes, la jefa de Ortega, donde advierte que éste "debe evitar asistir a cualquier evento organizado por la Alcaldía o ingresar a las instalaciones de la Alcaldía, toda vez que la jefa de despacho estará presente y hay una orden de alejamiento y una medida de protección.
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Juristas consultados advirtieron que es el Juez o el fiscal que dictó la orden, el que debe delimitar su alcance.
Otro abogado expresó que nunca había visto que un alcalde le escriba a un patrono para impedirle algo a su trabajador.
Las autoridades municipales no titubearon en recalcar que cualquier violación a lo advertido por la alcaldesa, podría traer consecuencias inmediatas, incluyendo la detención del mencionado, ya que no se trata de un simple protocolo, sino de un mandato judicial de estricto cumplimiento.
