Colombia, primer país en aplicar la eutanasia a paciente no terminal
Aunque su caso fue autorizado por una juez tras una batalla legal de dos años, el país esperaba que no se atravesara ningún impedimento de última hora.
Víctor Escobar, de 60 años, se convirtió la tarde de ayer en el primer colombiano en acceder al derecho a la eutanasia sin ser un paciente terminal para poner fin a los dolores que soportaba desde hace años.
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Escobar decidió que su último día sería más tranquilo y canceló la rueda de prensa que había anunciado para despedirse de los colombianos. En su lugar, se reunió con su familia y el abogado Luis Giraldo y grabó un video para medios de comunicación.
“Agradezco a los que han estado pendientes de mi caso, fueron parte de esta lucha para que pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos llegáramos a ganar esta batalla y abrir las puertas para los pacientes que vienen atrás de mí y que en estos momentos desean una muerte digna”, dijo el hombre abrazado a su esposa, Diana Francelly Nieto. El procedimiento duró dos horas y media porque Escobar decidió donar sus órganos funcionales.
La eutanasia es legal desde 2015 y hasta el momento 157 personas con enfermedades terminales optaron por ella. En julio de 2021, la Corte Constitucional extendió el derecho a pacientes no terminales que tuvieran “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”. Después de sufrir dos accidentes cerebrovasculares, y tener hemiparesia izquierda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes e hipertensión, entre otros padecimientos, esa sentencia fue la oportunidad para Víctor.
Su caso fue autorizado por una juez tras una batalla legal de dos años, el país esperaba que no se atravesara ningún impedimento de última hora –como ha ocurrido ya en dos oportunidades en procedimientos de eutanasia programados en Colombia. “Mi moral es que ahora sí pueda lograrlo porque el sufrimiento es mucho”, dijo Escobar.
Los colombianos aún tienen fresco en la memoria el caso de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que tenía todo listo para ser la primera persona en acceder a ese derecho en el país sin ser una paciente terminal, pero la clínica canceló el procedimiento dos noches antes.
Eso ocurrió en octubre de 2021 y generó un debate nacional que alejó a la mujer de la prensa: antes de que le cancelaran la eutanasia programada se había difundido un reportaje de televisión en el que ella hablaba de su decisión de morir y la entrevista supuestamente fue utilizada para negarle el procedimiento. Finalmente, dos semanas después, un juez de Medellín ordenó a la clínica reprogramar con Sepúlveda el día y la hora de su eutanasia.
“Víctor se convertirá en un referente para aquellos que buscan la libertad de decirle al dolor ya no más”, dijo Luis Giraldo de su cliente en una carta que leyó públicamente y en medio de chistes de Escobar. “Lo que tú has vivido lo viven muchos a diario que no pueden aceptar su condición ni su realidad y prefieren vivir en el dolor de ser señalados en una sociedad que aún le falta madurar”.
Desde 2020, Escobar había solicitado a la Empresa Promotora de Salud (EPS) la eutanasia, pero esta se la había negado por considerar que no estaba en fase terminal. En septiembre pasado volvió a pedirla bajo la nueva sentencia de la Corte, pero sus médicos les dijeron que no tenían claro cómo activar el procedimiento de la eutanasia.
En el centro de la discusión está la ausencia de regulación y la inseguridad jurídica que argumentan algunos prestadores de salud. “Por eso el debate debe estar en la agenda nacional hasta que el Congreso lo regule, porque hay inseguridad jurídica, muchos no la hacen porque dicen que no hay ley aunque la Corte ha hecho varias sentencias avalando el derecho a morir dignamente”, dijo a este diario el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, uno de los ponentes de proyectos sobre eutanasia.
El caso de Víctor estuvo enredado en esa maraña legal durante un tiempo. Su abogado puso una demanda y un juez de Cali ordenó a Coomeva, la empresa prestadora de salud, que debía “conceder la protección constitucional del derecho a morir dignamente”, realizar un nuevo comité médico para evaluar el caso del hombre y en un plazo de 15 días, si este persistía en su decisión, realizarle el procedimiento.
Pero el comité de la clínica que debía practicar la eutanasia dijo que Escobar no acreditaba las condiciones de una enfermedad terminal “ni la existencia de una condición médica incompatible con la dignidad humana capaz de producir intenso sufrimiento”. Y la entidad promotora de salud impugnó el fallo de primera instancia.
El caso llegó al Tribunal Superior de Cali que encontró un error judicial que devolvió el proceso a la jueza. Así, a comienzos de diciembre, el mismo juzgado ordenó a la empresa de salud conformar un nuevo comité científico y coordinar con el paciente la fecha y hora de su muerte.
Víctor Escobar, que fue camionero toda su vida, pasó sus últimos días en medio de la búsqueda de dinero y trabajo para su esposa Diana Francelly Nieto y la fiesta por la décima estrella de su equipo de fútbol, el Deportivo Cali. Había dicho que pensaba donar sus órganos funcionales y ser cremado al día siguiente, y que al momento de morir tendría puesta la camiseta verde del equipo azucarero, a cuyos jugadores conoció este año. A ellos les dedicó un mensaje: “Partiré feliz con este título que nos brindan. Se acerca mi partida y con ella mi deber cumplido como hincha del Cali”.
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