Constructora admite soborno por $3,7 millones en el Gobierno de Humala
Graña y Montero inició un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía anticorrupción por sus vínculos con el llamado "Club de la Construcción".
La mayor constructora peruana, Graña y Montero, admitió haber pagado un soborno de 12,5 millones de soles (3,7 millones de dólares) para adjudicarse una obra, en consorcio con otras compañías, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), reveló este viernes el diario La República.
Graña y Montero inició un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía anticorrupción por sus vínculos con el llamado "Club de la Construcción", un esquema formado por empresas peruanas y extranjeras para adjudicarse grandes obras de infraestructura mediante el pago de sobornos a las autoridades.
Fuentes en la Fiscalía peruana confirmaron al periódico limeño que Graña y Montero pagó 12,5 millones de soles de un total de 37,5 millones de soles (11 millones de dólares) que abonó el Consorcio Vial Quinua, formado además por ICCGSA y EIVI, para adjudicarse la rehabilitación de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en la región Ayacucho.
Los entonces funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la oficina Provías Nacional simularon una licitación y otorgaron la obra al referido consorcio durante la gestión del exministro Carlos Paredes en el Gobierno de Humala, investigado igualmente por presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Como parte del proceso de colaboración eficaz, la nueva administración de Graña y Montero ha proporcionado valiosa información sobre el Club de la Construcción que corrobora los testimonios de otros colaboradores de la Fiscalía, indicó La República.
Algunos de los colaboradores eficaces identificados por el diario son el exasesor del Ministerio de Transportes Carlos García Alcázar, nombrado por Paredes en septiembre del 2011, y el operador Rodolfo Prialé, quien presuntamente recibía los sobornos y los entregaba al hermano del exministro, José Paredes.
Actualmente son investigados por el caso del Club de la Construcción los exfuncionarios del Comité de Licitaciones Roberto Salinas, Renato Caballero y Selvi Ruberto, así como el exdirector de Provías Nacional Raúl Torres.
"Además de corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces, la información que ha entregado Graña y Montero ha permitido identificar a otras personas y otros hechos", indicó la fuente de la fiscalía al periódico.
El exdirector de la brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó el pasado 25 de abril ante fiscales peruanos la existencia del "Club de la construcción" y que su empresa, que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia peruana, formó parte de él.
Agregó que las empresas peruanas con las que participó en consorcio en algunos de esos proyectos estaban al tanto y contribuyeron con los sobornos y pagos irregulares que se efectuaban para obtener las licitaciones.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht ha reconocido que pagó millonarios sobornos a cambios de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el mes pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo.
Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.