Grupo de Lima quiere apoyar a Guaidó y disciplinar a Ortega en reunión de la OEA
El objetivo de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima es aprobar dos resoluciones: una para legitimar la representación diplomática de Guaidó en la OEA y otra para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
La mayoría de países del Grupo de Lima quiere aprovechar la reunión más importante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por 54 naciones, y para disciplinar al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.
Fuentes diplomáticas dijeron a Efe que el objetivo de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima es aprobar dos resoluciones: una para legitimar la representación diplomática de Guaidó en la OEA y otra para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
El escenario de esa pugna política será la ciudad colombiana de Medellín, donde se celebrará entre el 26 y 28 de junio la Asamblea General de la OEA, el foro más importante del organismo al que están invitados los cancilleres de los 34 miembros activos (Cuba es parte del ente pero no participa desde 1962).
Con respecto a Venezuela, varios países del Grupo de Lima están redactando una resolución que busca algo que parece simple, pero que no lo es: permitir que la delegación de Guaidó se siente en la Asamblea.
Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, será la persona que encabece y lleve la voz cantante de la delegación, que también estará integrada por Carlos Vecchio, emisario ante EE.UU. del líder opositor, y por Gustavo Tarre, que ocupa el sillón de Venezuela en la OEA, desveló a Efe una fuente familiarizada con el asunto.
Esa iniciativa busca cerrar el debate que abrió otra resolución aprobada el 9 de abril por el Consejo Permanente de la OEA y con la que se aceptaba el nombramiento de Tarre como "representante permanente" por designación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), presidida por Guaidó.
El texto de esa resolución identificaba a Tarre como representante de la AN y no menciona a Venezuela; pero los países que avalaron la medida y la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, lo interpretaron como un reconocimiento para que Tarre pueda ejercer como embajador.
Sin embargo, México, Uruguay y ocho miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) -Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago- se oponen a Tarre porque consideran que los embajadores deben ser nombrados por el poder Ejecutivo y no el Legislativo.
Si la OEA aprueba la resolución impulsada por algunos países del Grupo de Lima y la delegación encabezada por Julio Borges consigue sentarse en la Asamblea, entonces en la práctica la organización estaría haciendo un "seudoreconocimiento" de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, explicó a Efe una fuente diplomática.
Ese reconocimiento no sería completo porque la OEA, como organismo internacional, no puede reconocer a alguien como líder de un país, ya que es competencia exclusiva de cada nación en uso de su soberanía.
De aprobarse la resolución, la consecuencia inmediata sería que los enviados de Guaidó ganarían acceso al resto de entes de la OEA, como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), con competencias en desarrollo, y podría participar en las reuniones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Hasta ahora, los representantes de Guaidó solo pueden participar en el Consejo Permanente, que reúne a los embajadores y toma decisiones políticas.
Por otro lado, respecto a Nicaragua, 12 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., Guyana, México, Panamá y Perú) están trabajando en una resolución destinada a crear una "comisión de alto nivel" que haga gestiones diplomáticas para restablecer el orden democrático.
Esas medidas se tomarían en el marco de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado donde haya "una alteración del orden constitucional" y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión.
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA contra un Estado miembro y significa que dejaría de participar en sus programas, incluidas iniciativas de cooperación.
A petición de Almagro, la OEA comenzó formalmente la aplicación de la Carta a Nicaragua el 11 de enero, pero desde entonces no ha tomado ninguna iniciativa específica para avanzar en ese proceso.
De acuerdo a dos fuentes diplomáticas, la iniciativa busca en la práctica "subir la presión" sobre Ortega para que inicie una reforma electoral y retire los cargos criminales contra quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018, en unas protestas que dejaron centenares de muertos.