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Guerra cultural en el Brasil de Jair Bolsonaro

Fiscales federales, que son independientes de la rama ejecutiva, han tratado de revertir algunas decisiones del gobierno de Bolsonaro, aduciendo que violan el derecho constitucional a la libertad artística.

Brasil / EFE

Los payasos ya estaban en el escenario, con sus caras pintadas de blanco y luciendo sus disfraces. Era la segunda presentación de “Abrazo”, una obra para niños sobre una dictadura ficticia en la que se prohibían los abrazos. Los actores solo esperaban que el público terminase de sentarse.
De repente, aparece un representante del gobierno y ordena la suspensión de la función.
Los payasos habían violado el contrato, según afirmaría más tarde el banco estatal propietario del teatro. Habían cometido el error de hablar de política con la audiencia en su primera presentación, algo inaceptable para toda obra que recibe fondos públicos en el Brasil del presidente Jair Bolsonaro.
“Están suprimiendo nuestro derecho a expresarnos, presentándolo como un asunto legal”, declaró Fernando Yamamoto, director de la agrupación teatral Payasos de Shakespeare. “Es difícil no ver esto como un acto de censura”.
“Abrazo” es uno de una creciente lista de espectáculos, conferencias y otros proyectos artísticos que han sido suspendidos abruptamente desde que Bolsonaro asumió la presidencia el 1ro de enero. El mandatario y sus colaboradores han dicho que combatirán el “marxismo cultural” en las escuelas, los cines y los museos.
En julio, dijo que “extinguiría” la Agencia Nacional de Cine si no “filtraba” sus producciones.
 
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Columnistas, el presidente del colegio de abogados de Brasil y celebridades, incluidos Fernanda Montenegro y Vik Muniz, han dicho que la veta conservadora de Bolsonaro puede generar censura y privar de fondos a los proyectos artísticos progresistas.
Fiscales federales, que son independientes de la rama ejecutiva, han tratado de revertir algunas decisiones del gobierno de Bolsonaro, aduciendo que violan el derecho constitucional a la libertad artística.
Bolsonaro, un devoto cristiano que fue capitán del ejército durante la dictadura militar de 1964 a 1985, desestima las acusaciones de censura y dice que los proyectos que no reciban fondos del gobierno porque no respetan los valores tradicionales todavía pueden ser financiados en forma privada.
“No vamos a perseguirá nadie, pero Brasil ha cambiado”, dijo Bolsonaro en un discurso transmitido durante una conferencia de conservadores el 5 de octubre. “Hay ciertos proyectos que no van a recibir fondos públicos. Eso no es censura. Es preservar los valores cristianos, tratar a los jóvenes con respecto, reconocer las familias”.
En un estudio que se encuentra entre la vegetación del barrio Gavea en las laderas de Río de Janeiro, uno de los artistas contemporáneos más famosos de Brasil, Vik Muniz, dice que lamenta el que los políticos brasileños se hayan convertido en “los curadores de nuestra cultura”, algo que él considera una forma de censura.
“La gente la emprende contra Bolsonaro, en Estados Unidos la gente la emprende contra a Trump, pero hay que analizar un poco más a fondo ese tema”, dijo Muniz. “Hay que entender que elegimos a esta gente. ¿Qué tipo de fuerzas sociales han hecho posible que personas con estas ideas hayan tomado el poder? Nos guste o no, esta gente representa al grueso de la población”.
La visión conservadora de la cultura en la nación católica más poblada del mundo ha ido ganando terreno en los últimos años de la mano del creciente movimiento evangélico, al que pertenece uno de cada cinco brasileños. Estos sectores se indignan por el uso de fondos públicos para financiar proyectos que consideran escandalosos o blasfemos.
En Bolsonaron encontraron un poderoso adalid. Su abierta nostalgia por el gobierno militar le sienta bien a muchos brasileños que, hartos de la corrupción y la violencia endémicas, recuerdan ese período como una época sin tanta inseguridad, más a tono con los valores conservadores. Más de 57 millones de personas (un 55% del electorado) votaron por Bolsonaro.
 
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El presidente servía en el ejército cuando terminó el régimen militar en 1985 y los artistas que se habían exiliado regresaron al país. Desde el retorno de la democracia, los distintos gobiernos han incidido de algún modo en la producción cultural, empujándola en una dirección u otra. Bajo los gobiernos izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por ejemplo, se financiaron sobre todo trabajos más progresistas.
“En Brasil ha habido censura los últimos 20 años. No puedes encontrar una obra anticomunista”, dijo Roberto Alvim, a quien Bolsonaro encomendó la dirección de la Fundación Nacional de las Artes.
Alvim fue muy criticado en septiembre tras tildar de “sórdida” a la venerada actriz Fernanda Montenegro, que cumplía 90 años. La actriz había posado con una bata negra, sostenida con una gruesa soga, encima de una pila de libros abiertos, como si estuviesen a punto de ser quemados.
“La guerra cultural ya está ardiendo en Brasil. Yo no soy el que la inventó”, sostuvo Alvim, agregando que él fue un ejemplo de la persecución política de la izquierda.
Ignorando los elogios que recibía, el establishment artístico lo puso en una lista negra por su abierto apoyo a Bolsonaro, afirmó el dramaturgo. Alvim dijo que su teatro en Sao Paulo fue cubierto de graffitis, que sus obras fueron rechazadas, sus patrocinadores lo abandonaron y los estudiantes dejaron de asistir a sus clases.
Hablando desde su modesta oficina en Brasilia, con dos cruces cristianas colgando de la pared detrás suyo, Alvim dijo que el gobierno no está censurando, sino más bien “supervisando el contenido”, y que eso implica no promover el proselitismo político.
 
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“Igual que los cruzados, estamos combatiendo invasiones de bárbaros en detrimento de los principios y los valores de nuestra civilización judío-cristiana”, expresó Alvim.
Las justificaciones del gobierno para evitar contenidos específicos no se pueden justificar, según Hernani Heffner, archivista de la Cinematheque de Río Janeiro, una entidad independiente que alguna vez fue un foco de resistencia cultural donde los izquierdistas podían encontrar producciones de Europa oriental censuradas por el régimen militar.

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