Justicia británica dictará "cuanto antes" quién accederá al oro de Venezuela
El juez debe decidir si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, o la "ad hoc" nombrada por Guaidó la que está legitimada para gestionar las reservas depositadas en jurisdicción británica.
El juez Nigel Teare del Tribunal Superior británico dictará "lo antes posible" si la Administración de Nicolás Maduro o la paralela del opositor Juan Guaidó tienen acceso legal al oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE), en un caso que sienta precedente en el Reino Unido.
Tras escuchar a las partes en disputa desde el pasado lunes, el magistrado se retiró hoy a deliberar con la promesa de pronunciar su dictamen "cuanto antes" pero sin una fecha especificada, y agradeció a los abogados británicos sus "exhaustivas" argumentaciones en un proceso "fascinante".
El juez debe decidir si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, o la "ad hoc" nombrada por Guaidó la que está legitimada para gestionar las reservas depositadas en jurisdicción británica, 31 toneladas de lingotes por valor de unos 1.300 millones de euros.
Una vez establezca qué junta es la legítima, la corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
El dictamen servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de "swap" o permuta de oro.
Para decidir qué directiva del BCV tiene autoridad sobre el oro, Teare debe determinar primero a qué político el Gobierno del Reino Unido acepta verdaderamente como gobernante de Venezuela: a Guaidó, a quien el 4 de febrero de 2019 "reconoció" en un comunicado como "presidente constitucional interino" hasta que haya "elecciones creíbles", o a Maduro, con cuyo Ejecutivo mantiene relaciones diplomáticas.
Al tiempo que decide esto, debe pronunciarse también sobre si, llegado el caso, tiene competencias para examinar la validez de los nombramientos realizados por Guaidó para la junta del BCV en base a la legislación venezolana (es decir, si esto es "justiciable"), dado que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas y la otra parte los disputa.
En la sesión de hoy, Nick Vineall, por parte de la junta de Maduro, y Andrew Fulton, por la de Guaidó, resumieron sus alegatos y aclararon las últimas dudas del magistrado, que deberá justificar su dictamen en la jurisprudencia británica.
Vineall sostiene que el Ejecutivo de Londres trata "a todos los efectos" con el Gobierno de Maduro -aunque "políticamente" respalde a Guaidó- y es su junta del BCV la que puede acceder al oro, y pide al juez que tenga en cuenta el dictamen del Supremo venezolano, que invalidó la junta del opositor.
La posición de Fulton es que el tribunal debe concluir que el Gobierno británico reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y, en consecuencia, "aceptar sin cuestionar", como "acto soberano de un Estado foráneo", sus nombramientos a la junta del BCV, ignorando el veredicto de la corte de Caracas.
Este abogado advirtió hoy de que, aunque sostiene que los actos del líder opositor en Venezuela "no son justiciables" y pide al juez que no los investigue, si este lo hiciera, su bufete demostraría que el Supremo venezolano "es un portavoz corrupto" de un "régimen cleptocrático".
Vineall declaró por su parte que Fulton está tratando de "convertir el caso en un debate legal sin atención a los hechos" y calificó de "arrogante" que, a juzgar por sus argumentos, "pretenda que el señor Guaidó puede venir a Londres a hacer algo que se ha considerado ilegal en Venezuela".
El conjunto de este proceso, incluida la demanda contra el Banco de Inglaterra y el litigio con Deutsche Bank, se alargará un tiempo, por sus ramificaciones legales y el precedente que sienta de cara a futuras peticiones de Caracas. EFE
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