Orden religiosa trató de hacer que una víctima de abuso mintiera

La congregación asegura que se han declarado inocentes. Uno de sus portavoces indicó que cuando tuvieron lugar esos hechos, los Legionarios no habían puesto en marcha las políticas y directrices que ahora son obligatorias en toda la orden.

La respuesta del cardenal no era la que Yolanda Martínez esperaba, o estaba dispuesta a soportar.
Su hijo había sido abusado sexualmente por uno de los sacerdotes de los Legionarios de Cristo, una orden religiosa manchada por la pederastia, y la mujer llamaba al cardenal Velasio de Paolis --el funcionario del Vaticano designado por el papa para liderar y limpiar la congregación-- para contarle el acuerdo que la orden le proponía y transmitirle toda su furia.
Los términos eran contundentes: la familia de Martínez recibiría 15.000 euros (unos 16.300 dólares) por parte de los Legionarios, pero a cambio su hijo tendría que retractarse del testimonio que dio a los fiscales de Milán en el que dijo que un legionario había abusado de él repetidamente cuando tenía 12 años y estudiaba en un seminario de la orden en el norte de Italia. Es decir, le ofrecían dinero por mentir.
El cardenal no parecía sorprendido. No compartía su indignación y se le escapó una risita entre dientes.
Le dijo que no debería firmar el acuerdo pero sí tratar de llegar a otro pacto sin necesidad de abogados. “Los abogados complican las cosas. Incluso las Escrituras dicen que entre cristianos debemos encontrar acuerdos”.
La conversación entre la indignada madre y el enviado personal del papa Benedicto XVI fue intervenida. La grabación —al igual que la propuesta de acuerdo de seis páginas— son pruebas clave en un juicio penal que comenzará en marzo en Milán. Los fiscales alegan que los abogados y los legionarios intentaron obstruir a la justicia y extorsionar a la familia de Martínez al ofrecerles dinero para retractarse de un testimonio dado ante las autoridades con la esperanza de anular la investigación criminal sobre el abusador, el sacerdote mexicano Vladimir Reséndiz Gutiérrez.
Los abogados de los cinco sospechosos declinaron hacer comentarios. La congregación asegura que se han declarado inocentes. Uno de sus portavoces indicó que cuando tuvieron lugar esos hechos, los Legionarios no habían puesto en marcha las políticas y directrices que ahora son obligatorias en toda la orden.
De Paolis está hoy más allá de la justicia terrenal: falleció en 2017 y no hay pruebas de si supo o aprobó, antes de ser presentada, la oferta a Martínez. Pero la grabación y los documentos incautados cuando la policía allanó la sede de los Legionarios en Roma en 2014, muestran que se había hecho de la vista gorda ante los superiores que protegían a pederastas.
Además, las evidencias demuestran que cuando De Paolis se enteró de los crímenes de Reséndiz, en 2011, aprobó una investigación canónica interna pero no denunció al sacerdote ante la policía. Y cuando supo, dos años después, que otros legionarios aparentemente trataban de impedir la investigación, el delegado del papa tampoco lo denunció.
Horas después de hablar con Martínez, De Paolis inauguraba la asamblea general de los Legionarios de 2014 en la que se dio formalmente por concluido el mandato encargado por el pontífice para reformar y purificar la orden religiosa.
Los Legionarios estaban “curados y limpios”, dijo el cardenal.
La realidad era otra. Su misión no se había cumplido.
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En 2010, el papa Benedicto le había confiado a De Paolis, uno de los abogados canónicos más respetados del Vaticano, dar un giro a los Legionarios después de las revelaciones de que su fundador, el fallecido Marcial Maciel, había violado a sus seminaristas, era padre de tres hijos y había construido un sistema de poder basado en los abusos, el silencio y la obediencia para ocultar sus crímenes.
Hubo peticiones para que el Vaticano acabara con la orden, pero Benedicto decidió no hacerlo, aparentemente porque la congregación era demasiado grande y demasiado rica. En su lugar, optó por un proceso de reforma y dio a De Paolis todo el poder posible para reconstruir a los Legionarios desde su base y someterlos a un profundo proceso de “purificación” y “renovación”.
Pero desde el inicio, De Paolis se negó a tocar a la vieja guardia de Maciel, que permanece en el poder hoy en día; se negó a investigar el encubrimiento de los crímenes del fundador; se negó a reabrir las denuncias contra otros sacerdotes pederastas a pesar de que los violadores permanecían en las filas de los Legionarios y sin castigo.
En resumen, no combatió la enquistada cultura de abusos sexuales, encubrimientos y secretismo de la orden ni su largo historial de esquivar la justicia y desestimar, desacreditar y silenciar a las víctimas. Como resultado, incluso quienes alguna vez fueron partidarios de los Legionarios ahora cuestionan abiertamente una reforma que ya había sido considerada ineficaz por los antiguos críticos de la orden.
“Ellos siempre tratan de controlar a las víctimas, minimizarlas, difamarlas, acusadas de exagerar las cosas”, dijo Alberto Athié, un exsacerdote mexicano que ha hecho campaña durante más de 20 años en nombre de las víctimas de abuso sexual del clero, incluidas las de los Legionarios.
“Luego, si no logran ese nivel de control, pasan al segundo: buscan a sus padres, tratan de arreglar con ellos las cosas o de comprarlos, silenciarlos. Y luego, si no pueden, van a ir al juicio y van a ver qué pueden hacer para ganar el juicio”.
Últimamente, las víctimas de los Legionarios parecen cada vez más animadas a alzar la voz públicamente para intentar que se haga justicia y se multiplican las historias que narran abusos sexuales, psicológicos y espirituales y que describen cómo la cultura del secretismo y encubrimiento de los Legionarios se ha mantenido intacta.
“Dicen estar cerca de las víctimas y ayudar a sus familias”, comenta Martínez a The Associated Press en su casa en Milán. “Mi testimonio es que esto no sucedió”.
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A esta española de 54 años y madre de tres hijos afincada desde hace décadas en Italia, le faltan las palabras cuando recuerda el día que recibió la llamada telefónica del psicólogo de su hijo mayor. Era marzo de 2013. El adolescente iba a terapia por consejo de su novia de la secundaria y la mujer pensó que el psicólogo le iba a decir que su hijo había dejado embarazado a la chica.
Nada de eso.
El doctor Gian Piero Guidetti le explicó que durante la terapia su hijo le había confesado que Reséndiz había abusado sexualmente de él de forma reiterada desde 2008, cuando era estudiante en el seminario de los Legionarios en Gozzano, cerca de la frontera de Italia con Suiza. Guidetti, también sacerdote, les dijo que como médico tenía la obligación de denunciar el crimen a las autoridades.
Su denuncia, y el testimonio del hijo de Martínez, provocaron la apertura de una investigación penal que culminó con la condena de Reséndiz en 2019, confirmada este enero. El legionario, de 43 años, fue condenado en ausencia y se cree que vive en Guadalajara, en el oeste de México y tiene hasta fines de marzo para apelar el fallo y la sentencia de seis años y medio de cárcel ante el Tribunal Supremo de Italia. Su abogada, Natalia Curro, declaró que está considerando apelar la decisión y que su cliente niega haber abusado del hijo de Martínez, aunque sí admite haber abusado de otro menor.
La investigación, sin embargo, arrojó pruebas que iban mucho más allá de los delitos de Reséndiz. Los documentos incautados por la policía, y que AP pudo revisar como parte del expediente del tribunal, mostraban un patrón de encubrimiento de los Legionarios de Cristo y del enviado del papa que se extendía de Italia a México, del Vaticano a Venezuela, con varios puntos intermedios.
Los expedientes internos, por ejemplo, dejaron en claro que Reséndiz era considerado por los propios Legionarios como un riesgo desde que era un seminarista adolescente en la década de los 90. Pero pese a tal advertencia, fue ordenado sacerdote en 2006 e inmediatamente enviado a cuidar a menores en el seminario de Gozzano.
“Es un chico con fuertes impulsos sexuales y una baja capacidad de controlarlos”, escribió el padre Antonio León Santacruz, director de novicios, sobre Reséndiz en una evaluación interna del 9 de enero de 1994. “Dado su carácter psicológico, se inclina a no respetar las reglas sin gran dificultad, y el psicólogo piensa que será difícil para él mantener una vida consagrada dado que tiene poco respeto por las normas. Las sigue siempre que es supervisado, pero en cuanto puede, las rompe y no tiene remordimientos”.
Un año después, en su 19 cumpleaños, Reséndiz escribió una carta a Maciel en la que se dirigía a él como lo hacían todos los legionarios, convencidos de su fundador era un santo en vida: “Nuestro Padre”.
“Tengo varios problemas en el campo de la pureza, y la verdad es que estoy pasándolo mal porque me vienen tentaciones”, escribió el entonces seminarista. “Le rezo a la Santa Virgen todos los días para que me bendiga y le pido fuerza para no ofender otra vez; digo otra vez porque he tenido la desgracia de sucumbir aunque con la ayuda de Dios lucharé para formar ese corazón puro y sacerdotal”.
Cuando Martínez vio esas cartas en el expediente del tribunal, sintió cómo se le encogía el alma.
“Mi hijo todavía no había nacido”, explica. “¿Cómo puedes poner a alguien así en cargo de un seminario?”.
Un portavoz de los Legionarios, el padre Aaron Smith, aseguró que la orden ha revisado su proceso de formación para seminaristas desde la era de Reséndiz e insistió en que existe un análisis mucho más detallado antes de que sean ordenados.
“Las cosas son diferentes hoy”, indicó en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de AP.
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Aunque los fiscales de Milán supieron de la pederastia de Reséndiz por primera vez en marzo de 2013, cuando la reportó el terapeuta, sus crímenes eran noticias viejas tanto para el Vaticano como para los Legionarios.
La congregación admite haber recibido un primer informe de sus abusos el 6 de marzo de 2011. La víctima era otro chico también estudiante en Gozzano. Según Smith, ese joven, un austriaco, le contó a un legionario el caso, el sacerdote le recomendó que informara a la oficina de la Iglesia en Austria que recibe denuncias por abusos y el joven lo hizo.
Por otro lado, los Legionarios se enteraron de otra posible víctima en Venezuela, a donde Reséndiz había sido enviado desde Gozzano en 2008, después de abusar del hijo de Martínez.
Ni los Legionarios ni el Vaticano informaron nunca a la policía italiana. La Santa Sede no exige que los clérigos denuncien sus sospechas de abuso sexual infantil. Italia tampoco.
Cuando la policía finalmente se enteró del caso, en marzo de 2013, descubrieron la elaborada trama para mantener ocultos los crímenes de Reséndiz. Según un correo electrónico incautado por la policía italiana -escrito el 16 de marzo de 2011, 10 días después de que la orden recibiera por primera vez la denuncia austriaca—, un abogado de los Legionarios recomendó a uno de los superiores más poderosos de la orden tras bambalinas, el padre Gabriel Sotres, que uno de sus sacerdotes fuera a Austria a ver a la víctima.
El propósito de la visita, escribieron los fiscales al resumir el intercambio de correos, “era hablar con el hermano mayor (del chico) y convencerlo de que no se lo dijera a sus padres y no fuera a la policía, porque eso podría causar problemas serios no solo a los Legionarios sino también al padre Vladimir, a los demás sacerdotes involucrados y a la víctima y su familia”.
Smith, el vocero de los Legionarios, no negó la versión de los fiscales. Dijo que “alentar a un niño a que oculte algo a sus padres o tutores es contrario a nuestro código de conducta”.
Más tarde, ese mismo año de 2011, los Legionarios organizaron el traslado de Reséndiz de Venezuela a Colombia y prepararon toda una estrategia legal para minimizar cualquier daño posible si el caso venezolano escalaba. Los correos electrónicos fueron enviados a varios líderes de los Legionarios, incluido Sotres, quien hoy en día permanece en una de las posiciones más altas de la orden.
De hecho, al menos 13 de los 89 sacerdotes que participan estos días en la asamblea general en marcha en Roma para elegir nuevos superiores y establecer prioridades, estuvieron involucrados de alguna manera en el escándalo, las consecuencias y el encubrimiento de Reséndiz, incluidos dos sacerdotes que están acusados en el juicio que está a punto de comenzar en Milán.
Según los correos electrónicos incautados y resumidos por los fiscales, el plan propuesto por un abogado de la congregación consistía en dar sólo el nombre de Reséndiz a la policía venezolana para acatar las leyes locales pero sin decir que era sacerdote, ni que estaba acusado de un delito sexual contra un niño, y sin mencionar para nada a los Legionarios de Cristo. También se debía indicar que ya no vivía en Venezuela.
Los Legionarios dijeron que Reséndiz fue retirado del ministerio sacerdotal y de su trabajo con jóvenes en Venezuela a los pocos días de recibir el informe inicial austriaco. Pero los correos electrónicos incautados indican que no necesariamente se aplicaron esas restricciones: un correo del 20 de diciembre de 2012 sugiere que en Colombia Reséndiz era confesor en escuelas y celebraba misas, lo que propició que los líderes de la orden recomendaran finalmente que fuera enviado a México para recibir terapia psicológica, y se le asignara después a un puesto administrativo “donde no conocieran su situación”.
Finalmente, como parte de la investigación interna de la Iglesia, Reséndiz confesó, pero sólo a las autoridades de los Legionarios y del Vaticano, y únicamente sobre otros chicos de quienes abusó, no del hijo de Martínez.
“Reconozco sinceramente mi terrible comportamiento como sacerdote”, escribió al funcionario del Vaticano a cargo de la oficina de delitos sexuales, el cardenal Gerhard Mueller, en 2012. “De verdad viví en el infierno cuando estos tristes hechos ocurrieron. Reconozco la gravedad de los actos que cometí y humildemente pido perdón a la Iglesia por estos hechos tristes y dolorosos. No puedo entender cómo pudo haber sucedido y reconozco que no tuve el valor para admitir el problema e informar a mis superiores del peligro”.
El Vaticano lo destituyo el 5 de abril de 2013, apenas unas semanas después de que los fiscales italianos se enteraran del caso del hijo de Martínez.
Para octubre de ese año, los Legionarios estaban llegando al final del mandato de De Paolis y claramente querían evitar que el caso de Reséndiz explotara públicamente y pusiera en riesgo el plan para recuperar la independencia que temporalmente les había arrebatado el Vaticano.
Mientras tanto, Martínez y su familia lidiaban con el trauma que los abusos habían provocado en su hijo.
“Tenía pesadillas. No me dejaba tocarlo…”, recuerda la madre. “No podía soportar que alguien estuviera cerca de él”. En una ocasión, evitaron que se tirara al metro cuando llegaba un tren.
Martínez había estado en contacto regular con el legionario que era director espiritual de su esposo, el padre Luca Gallizia, el sacerdote que se convirtió en el único vínculo entre la familia y la congregación cuando todos los miembros de su círculo social Regnum Christi cortaron todo contacto con ellos, aparentemente por orden de los líderes de la orden.
Gallizia viajó a Milán para reunirse con Martínez el 18 de octubre de 2013. Llevaba consigo una propuesta de acuerdo para compensar a la familia. Se reunieron en una habitación junto al patio de la basílica de Sant Eustorgio, donde Martínez trabajaba. Cuando la mujer fue a abrir la carta, el sacerdote la detuvo y le pidió que lo hiciera luego, en su casa.
Cuando el matrimonio la leyó, no daba crédito de lo que ahí estaba escrito.
“Fue una segunda violación, porque para todos los efectos y objetivos, en esa carta nos pidieron que negáramos los hechos. Y para nosotros eso fue una puñalada por la espalda porque nos la trajo nuestro padre espiritual. Él sabía todo sobre nosotros porque mi esposo confiaba en él. Y eso lo hizo aún más doloroso”.
Los Legionarios declinaron comentar sobre esa misiva con el argumento de que el juicio iba a comenzar.
El documento que los Legionarios querían que la familia de Martínez firmara decía que su hijo no recordaba y excluía que Reséndiz hubiera abusado de él; que no había tenido contacto con el sacerdote ni por teléfono ni en mensajes de texto, y que sus problemas posteriores se debían al hecho de que dejó el seminario y tenía dificultades para integrarse socialmente en su nueva secundaria pública.
Asimismo, establecía pagos para la educación y terapia del joven y exigía secretismo “absoluto”. Si la familia era llamada a testificar, debían declarar lo indicado en el acuerdo, y negar el abuso.
Unos meses después, los Legionarios se dieron cuenta de que habían cometido un error al dejar el documento en manos de Martínez y propusieron un acuerdo revisado en el que reconocían que el abuso sí existió. Sin embargo, dejaban muy clara una exigencia: si la familia violaba el pacto de confidencialidad, debería pagar a la congregación el doble del dinero ofrecido, es decir, 30.000 euros.
Fue entonces cuando Martínez llamó al cardenal De Paolis.
“Tanto mi abogado como yo nos quedamos boquiabiertos”, le dijo al representante del Vaticano.
El enviado papal respondió que él también estaba sorprendido. “Sí, pero esto... esto es lo que se hace en Italia”.
La mujer no estaba dispuesta a aceptar nada de eso.
“No es un trato muy agradable, firmar una mentira”, replicó Martínez al cardenal. “No quiero dinero, no firmaré la carta”.