La pareja plantea una acción de protección, que "es un recurso que cualquier ciudadano puede utilizar cuando siente que sus derechos han sido vulnerados", añadió Troya, que está dispuesta a llevar su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
QuitoEFEPamela Troya y Gabriela Correa, las dos lesbianas ecuatorianas que el pasado lunes solicitaron al Registro Civil que las una en matrimonio, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para que se respete su derecho a hacerlo."Estaremos el próximo martes en la sala de sorteos de la Función Judicial para presentar una acción de protección" frente a la negativa del Registro Civil a formalizar el matrimonio, indicó hoy a Efe Troya, que no descartó, incluso, llegar a instancias internacionales para defender su derecho a casarse con su compañera.
Para Troya, en su caso, hay una supuesta "vulneración de derechos", sobre todo los que garantizan la igualdad de las personas ante la ley.
Además, comentó que si su reclamo no es atendido por un juzgado, acudirán a la Corte Provincial y la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control legal del país y que, según Troya, puede hacer una interpretación del caso."No estamos pidiendo que se modifique la Constitución, pedimos que se haga una lectura interpretativa" del artículo que establece que el matrimonio sólo se contrae entre un hombre y una mujer, lo que vulnera otras consideraciones constitucionales como la igualdad de derechos ante la ley, apuntó.La pareja plantea una acción de protección, que "es un recurso que cualquier ciudadano puede utilizar cuando siente que sus derechos han sido vulnerados", añadió Troya, que está dispuesta a llevar su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"Nadie puede prohibir que ejerza mis derechos", reiteró y no dudó en señalar que su caso podría crear la jurisprudencia necesaria para que otras parejas homosexuales puedan contraer matrimonio.Aunque no se atrevió a dar una cifra de las parejas homosexuales que intentarían contraer matrimonio en el país, Troya aseguró que son muchas.
"No se trata sólo de reivindicar el matrimonio, sino de reivindicar que todos somos iguales ante la ley", apostilló."Estamos en el siglo XXI, pasamos el oscurantismo hace mucho tiempo" y son dieciséis países en el mundo los que ya han aceptado el matrimonio homosexual en sus legislaciones, añadió Troya.El Registro Civil de Quito difundió ayer un comunicado en el que pedía a Troya y Correa que completen "los requisitos establecidos en la Constitución de la República y Código Civil", para continuar el trámite de matrimonio solicitada.La agencia de identificación recordó que la Constitución establece que "el matrimonio es la unión entre hombre y mujer" y que el Código Civil señala que "matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente".La pareja ha interpretado esa respuesta como una negativa a su petición, aunque Troya también la calificó de "confusa"."Qué parte de que somos lesbianas no entendieron?", se preguntó, en referencia a los funcionarios del Registro Civil.La petición de matrimonio de Troya y Correa forma parte de una acción de colectivos que pregonan el "matrimonio igualitario" y el derecho a casarse de personas homosexuales, como ya se ha aceptado en otros países.Según la Red de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) de Ecuador, hasta julio de 2013 Argentina, Brasil, España, Uruguay, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y Suecia han reconocido el matrimonio entre homosexuales, al igual que en jurisdicciones de EEUU y México, y otros 18 países están en este proceso.El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió hace algunos meses sobre la posibilidad de aprovechar las elecciones locales de febrero de 2014 para someter a consulta popular la cuestión del matrimonio homosexual.Los colectivos GLBTI rechazan esa propuesta, al considerar que ese es un derecho humano que no puede someterse a la consulta de la población.