Abogado denuncia amenazas y persecución
El abogado denunció serias amenazas contra su vida y la de su familia, e incluso sospechas de que su residencia haya sido objeto de vigilancia.
El abogado Iván Castillo, originario de Veraguas, y querellante en el caso del escándalo de compensaciones fraudulentas pagadas a productores de arroz, denunció en una conferencia de prensa realizada este miércoles en Santiago, haber sido víctima de un atentado durante un reciente viaje a la provincia de Los Santos, así como de amenazas y persecución dirigida hacia él y su familia.
Castillo explicó que estas acciones están relacionadas con su rol como representante legal de la empresa afectada, Vado del Álamo, ubicada en Soná, Veraguas, y la denuncia presentada junto con su propietario sobre la sustracción de tiquetes del molino por parte de personas desconocidas.
El abogado señaló que las investigaciones de las autoridades han revelado avances significativos, con varias personas detenidas provisionalmente por el tema de las compensaciones fraudulentas. Sin embargo, también informó sobre serias amenazas contra su vida y la de su familia, e incluso sospechas de que su residencia haya sido objeto de vigilancia.
A pesar de haber presentado cuatro denuncias en la sección del Ministerio Público de Santiago, incluyendo los posibles atentados, Castillo expresó su frustración por la falta de resultados de las investigaciones o el seguimiento de las mismas por parte de las autoridades.
El querellante destacó que las amenazas y otros incidentes parecen derivar de las denuncias presentadas en los expedientes 83933 y 18 588, donde se mencionan firmas y documentos falsificados, involucrando a personas prominentes en la provincia presuntamente relacionadas con el cobro fraudulento de compensaciones millonarias por el arroz.
Castillo también mencionó que hay diversos actores implicados en el escándalo, incluyendo productores, empresarios, industriales y comerciantes.
La empresa Vado del Álamo, propiedad de su cliente Alberto Martinelli, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), son las partes perjudicadas en este caso, ambas han denunciado el perjuicio patrimonial al Estado panameño.
El abogado subrayó que el escándalo de las compensaciones fraudulentas involucra a muchas personas, cuya participación el Ministerio Público deberá investigar para determinar su grado de implicación. Asimismo, destacó que estas situaciones están generando amenazas de todo tipo hacia él y su familia.
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