Antai confirma carácter público de datos sobre fondos estatales
La Antai recordó que en su momento "recomendó dejar sin efecto" una resolución de agosto de 2021 en la que el Ifarhu pedía declarar como "datos confidenciales" la información sobre el otorgamiento de beneficios económicos "que, por su naturaleza" es de carácter público.
Panamá- La oficina que vigila la transparencia en Panamá sostuvo este martes que toda información sobre el uso y disposición de los fondos del Estado es pública, en medio del escándalo por la repartición discrecional de ayudas educativas no reembolsables y el ocultamiento de la identidad de muchos beneficiarios.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) se refirió así a la situación en torno a los llamados "auxilios económicos" otorgados por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y que han generado una lluvia de críticas no solo porque entre los beneficiados, con montos de hasta más de 200.000 dólares, están familiares de funcionarios de alto rango y empresarios, sino porque muchas identidades están bajo reserva por decisión de la Contraloría.
La Antai recordó que en su momento "recomendó dejar sin efecto" una resolución de agosto de 2021 en la que el Ifarhu pedía declarar como "datos confidenciales" la información sobre el otorgamiento de beneficios económicos "que, por su naturaleza" es de carácter público.
De igual forma, dijo el ente de transparencia, se instruyó al Ifarhu a reglamentar su programa de "auxilios económicos" incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes, la rendición de cuentas mensual con los datos de los beneficiarios, los montos desembolsados, los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente, así como el listado de los que han incumplido sus obligaciones y el detalle de las sumas recuperadas por ello.
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La Autoridad de Transparencia también solicitó al Instituto un informe del estatus, ejecución y cumplimiento de esas instrucciones para reglamentar el otorgamiento de los auxilios no reembolsables que se entregan a estudiantes de educación superior, reiterando con ello el "criterio de que toda información relativa al uso y manejo de los fondos del Estado es de carácter público".
El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) acusó el pasado viernes al contralor general de Panamá, Gerardo Solís, de "justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos", por la defensa que ha hecho de la forma en que se han repartido los llamados "auxilios financieros".
Solís ha defendido su decisión de mantener en reserva el nombre de beneficiarios de las ayudas no reembolsables y sostuvo que no revelará la información, afirmando que criticar que estos recursos sean dados a familiares de políticos y de poderosos empresarios, es una manifestación de discriminación y un ataque político en medio de la campaña por los comicios generales del 5 de mayo.
Grupos de la sociedad civil organizada han expresado que el manejo de los "auxilios económicos" del Ifarhu demuestra una vez más "el favoritismo y la corrupción" en la Administración pública y exigen que el contralor Solís levante la reserva sobre todos los beneficiarios.
Ya el contralor Solís fue denunciado penalmente por un abogado, y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), que tildó de "hurto descarado" el manejo "antojadizo" de "auxilios" educativos, dijo que estudia presentar también una acusación contra el titular de la Contraloría. EFE