A la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 am de hoy.
Redacción / Crítica
El Gobierno de Panamá ordenó este jueves el "cese de operaciones" de una gran mina de cobre, un proyecto de cerca de 10.000 millones de dólares según la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), luego que las partes no lograron un acuerdo para la firma de un nuevo contrato de concesión.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo anunció que el Consejo de Gabinete aprobó instruir a los ministros de Comercio e Industrias, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con las leyes de la República. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró, mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017 y difundido en septiembre de 2018, inconstitucional la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).
La decisión significa el cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá, ante el incumplimiento de los compromisos acordados en enero de 2022. La decisión fue adoptada luego de fracasar las negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de hoy con la empresa minera.
"Casi un año después vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí, como presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño", expresó Cortizo en una alocución nacional, en la que habló de "medidas administrativas" sin mencionar el "cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá", como sí publicó en su cuenta de Twitter.
LAS FUNCIONES
A través del mensaje televisado al país, el mandatario dijo que, el Gobierno Nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes. El ministro de Comercio e Industrias se le asigno velar para que se ejecute un Plan de Preservación y Gestión Segura; es decir, de cuidado y mantenimiento. De igual forma, el ministro de Ambiente continuará con la supervisión, control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero. Por su parte, la ministra de Trabajo, deberá supervisar, velar y verificar "el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá S.A., y tomar las acciones para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores".
Esta Resolución 144-22, aprobada de manera unánime por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves para tratar este asunto, "entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial", lo que ocurrió hoy mismo.
ESFUERZO, INCUMPLIMIERNTO Y FRACASO
De acuerdo con Cortizo, el Gobierno Nacional hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato justo para el pueblo panameño, toda vez que la Constitución Política de Panamá señala claramente que “las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.
En ese sentido, agregó que, tras el acuerdo de enero de 2022, que calificó de satisfactorio para las partes, luego de largas negociaciones con Minera Panamá, “nos sentíamos confiados y optimistas”.
En defensa de los intereses nacionales, y especialmente de los trabajadores de la mina, Cortizo sostuvo que puso en esta tarea “toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la Minera ratificara lo acordado, y por eso esperábamos reciprocidad de la empresa, lo cual no se dio”, dijo en su mensaje al país.
Casi un año después, vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022, lo que, a juicio del mandatario, no es aceptable para él como Presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño.
Concluyó señalando el Presidente que las acciones tomadas hoy por su Gobierno garantizan el principio establecido en nuestra Constitución: “los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño”.
El Gobierno de Laurentino Cortizo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado se anunció un acuerdo entre las partes, que multiplicaba las regalías al Estado y generaba más entradas por el pago de impuestos, que sin embargo nunca llegó a concretarse con una firma.
EL ACUERDO Elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo que ha aportado la empresa anteriormente, el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) con una tasa del 25 %, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y de dividendos, son puntos incluidos en el acuerdo anunciado a inicios de este año. Este mismo jueves, el Ejecutivo acusó a Minera Panamá de mantener una "conducta lamentable" durante negociaciones antes de que finalizara, anoche, el plazo establecido hace un mes por el Gobierno para firmar un contrato. La empresa presentó esta mañana "una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado", se quejó el Gobierno. Por su parte, FQM defendió mediante un comunicado su propuesta, pues "el paquete económico propuesto por MPSA convertiría a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas", y denunció que frenaba un acuerdo el hecho de que Panamá no ofrecía "las protecciones legales necesarias"