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Asamblea cuestiona manejo de Corte y Ejecutivo del contrato de mina

Redacción / Crítica Impreso

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, por tardar cinco años en publicar en Gaceta Oficial, el fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá.

Aparte de eso, otros casi nueve años le tomó al magistrado Jerónimo Mejía sacar el fallo en que la Corte declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá).

En el fallo se destacan las opiniones de dos Procuradoras: Ana Matilde Gómez y Ana Belfon, quienes consideraban que el contrato no era inconstitucional.

No saben nada del nuevo contrato

El diputado perredista también destacó que la Asamblea desconoce el contenido del contrato y la negociación con Minera Panamá, y cuestionó la tardanza de la publicación en la Gaceta Oficial del fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá. “¿No atenta esto contra la seguridad jurídica de las relaciones contractuales del Estado?”, dijo.

Requerimos la información fiable, porque todos los recursos naturales que ahí existen en esos yacimientos, sea oro, cobre, que no han consignado; plata o manganeso, les pertenecen a todos los panameños", sostuvo Crispiano Adames.

En su discurso en la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones, Además advirtió que Panamá necesita una legislación moderna y un nuevo Código Minero de acuerdo con los tiempos y necesidades del país, debido a que el que se tiene actualmente pone al Estado en desventaja, dado que es “una forma flexibilizada de entregar nuestros recursos naturales a los intereses transnacionales”.

Adames adelantó que el Legislativo presentará un proyecto de ley que modifique el Código Minero, considerando que Panamá es un país de economía de libre mercado que necesita la inversión extranjera para crecer, pero que es una sociedad marcada por la desigualdad social y económica.

El perredista censuró la irresponsabilidad de varios gobiernos, incluyendo el que aprobó el contrato original, desconociendo que había cobre, sometiendo al país a una situación de decisiones complejas y difíciles que sugieren soluciones con luces largas.

"Panamá es un país con un potencial minero significativo, que contrasta con su potencial natural no explotado a plenitud, lo que implicaría decisiones equilibradas en materia de desarrollo, es decir, la estabilidad ambiental vs su potencial económico; segundo, es que somos un país de economía de libre mercado que necesita de inversión extranjera para crecer a tasas aceptables y garantizar el empleo de su población, en tercer lugar es una sociedad marcadamente desigual, social y económicamente, mayor debilidad y reto de desarrollo y los recursos que tiene deben ser explotados en un marco de procesos justos y atendiendo a los mejores intereses posibles de todos los panameños", enfatizó.

Aspirina nacional

Respecto al proyecto de extinción de dominio, Adames indicó que Panamá debe crear su propia “aspirina” y no tomar la medicina de otros países.

“La ley de extinción de dominio ha sido aprobada en países con capacidades jurisdiccionales… Nosotros viajamos a Colombia y nos reunimos con la Sociedad de Activos, que es la que vende los bienes que están bajo extinción de dominio, que permite vender sin que el proceso haya terminado… pero en Colombia hay tribunales que van en defensa de las personas cuando se les viola el debido proceso y aquí no hay eso”, señaló el presidente del Legislativo.

El diputado de gobierno también aclaró al titular de Seguridad, Juan Pino, que la Asamblea no está en contra ni tiene miedo de “desarrollar una materia que vaya contra el terrorismo, trafico internacional de armas, trata de blancas, y el narcotrafico”, sin embargo “no hay una sola organización panameña que esté a favor, porque lo que no se dice, es que la experiencia de otros países ha sido catastrófica”.

¡No somos santos...!

El narcotráfico no está solamente en la política, está en todos los parámetros de la vida nacional, exclamó.

¡No somos santos, pero podemos mirar al cielo!, sin que nos endilgue esos delitos de terrorismo, narcotráfico,trata de blancas o tráfico de armas, exclamó.

También explicó que en Colombia sta normativa, que ni es una ley, es un Código de Extinción de Dominio, demoró 18 años en serlo… y se dio por la violencia desencadenada por la guerrilla”, acotó.

El presidente de la Asamblea aseguró que los diputados no han pasado esta disposición “no porque le tengan miedo, porque la mayoría no tiene nada que ser cuestionado en materia de narcotráfico", sino porque no hay una norma clara y puntual.

Inacción ante crisis del IVM

Igualmente, cuestionó la inacción del Órgano Ejecutivo frente al problema que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). “Es una deuda que tenemos que saldar”, mencionó.

Resaltó que hoy en día existen partidos políticos débiles y alternativas democráticas pobres y reconoció que como Legislativo tampoco han sido capaces de abordar y forzar la discusión del problema de la seguridad social con respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

En otro aspecto cuestionó que la informalidad está por encima del 50% y preguntó para qué ha servido el crecimiento económico, el del Producto Interno Bruto y del endeudamiento público, si esos avances no alcanzan a los más vulnerables.

Además advirtió que frente al inicio del periodo electoral, debe prevalecer la participación democrática y no utilizar la coacción, artimañas, chantajes, ni las amenazas.

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