Camtur pide al presidente que haga valer la Constitución y las leyes
Exigen que el Procurador General de la Nación y el Órgano Judicial interpongan querellas en contra de los grupos que, desde su punto de vista, "atentan contra el orden económico y el libre tránsito y que se han convertido en la autoridad".
Panamá- La Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), le solicitó públicamente al presidente, Laurentino Cortizo, que cumpla el juramento que hizo al tomar posesión de su cargo, de hacer valer la Constitución y las leyes de la República y hacer una rectificación inmediata de las políticas del gobierno.
En su misiva, los miembros de Camtur también exigen que el Procurador General de la Nación y el Órgano Judicial interpongan querellas en contra de los grupos que, desde su punto de vista, "atentan contra el orden económico y el libre tránsito y que se han convertido en la autoridad".
También están demandando que en el caso de que se confirme la culpabilidad de algunas personas o grupos que continúan violando y operando al margen de la ley, estos sean castigados con las penas que impone la Ley, por lo que estarán vigilantes de que los delitos comprobados no caigan en la impunidad.
Camtur, le recordó al mandatario que la Constitución le impone el deber de asegurar la vida, honra y bienes de los panameños, así como el derecho inalienable a la libre circulación de todos los residentes, las cuales, reiteraron, no son optativas, sino de obligatorio cumplimiento.
A este gremio le preocupa la pasividad oficial (del gobierno), ante los daños permanentes causados desde hace un mes a Panamá, al turismo y a la imagen internacional del país, así como también la destrucción de empleos, el sufrimiento de la población por no poder asistir a sus trabajos y citas médicas, la imposibilidad de ganarse el sustento diario y los precios exorbitantes para alimentos e insumos de la canasta básica familiar.
Alegan que este sector económico del país, también se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato Ley 406 que aprueba y otorga concesión minera entre el Estado y minera Panamá.