Denuncia penal por derrame de Taboga

El derrame de combustible marino que causó fuertes daños ambientales y económicos en Taboga tendrá consecuencias judiciales e irregularidades administrativas que apuntan hacia el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz.

La semana pasada se presentó una denuncia penal ambiental para determinar si la barcaza Sea Lion fue la responsable de este delito ambiental en Taboga, ante la falta de los resultados de una investigación objetiva por parte de la AMP y a que la embarcación señalada ya había ocasionado un derrame en 2020, por sus malas condiciones técnicas y fuerte deterioro.

A la vez se presentó una denuncia disciplinaria a la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) contra el administrador de esta entidad, Noriel Araúz, quien habría evitado darle el trámite correspondiente a la primera denuncia del abogado ambientalista Harley Mitchell contra la embarcación Sea Lion.

En la denuncia administrativa enviada al vicepresidente José Gabriel Carrizo, como presidente de la directiva de la AMP, se exige la separación de Araúz de la investigación del derrame y las denuncias contra el barco Sea Lion, por supuestas por faltas a la ética y violación directa a los pasos fundamentales del debido proceso legal.

Mitchell sostiene que existen suficientes elementos y denuncias que apuntan hacia la embarcación Sea Lion como responsable del derrame que afectó Taboga, pero el administrador de la AMP eximió públicamente a Sea Lion de la responsabilidad. “Sin esperar los resultados de una investigación”, sentenció el abogado.

“Tuvimos una conversación con el presidente de los pescadores de Taboga y la verdad que nos comentan que el derrame les ha causado mucho daño a la zona de pesca, ellos nos comentan que esta mancha, ellos la vieron venir desde el sudeste de la isla de Taboga y de Urabá, así que podemos ya enfocar las investigaciones en esta área”, dijo Araúz a Telemetro Reporta mientras se realizaban los trabajos de limpieza y descontaminación.

Mitchell sostiene que estas declaraciones de Araúz se dieron ignorando su denuncia y exculpando al barco con precedentes relacionados y en donde no está claro, por qué la licencia de Sea Energy Shipping (sociedad dueña del barco) sigue vigente, como afirmó su representante legal Alonso Fernández.

Indicó que el desestimar vocalmente ante los medios de comunicación una denuncia contra este barco adscrito en su momento a una sociedad que él mismo ha tratado con sanciones severas, no solamente desafía la razón, sino que violenta el ordenamiento jurídico establecido, entre ellos el Código de Etica de los servidores públicos, la ley 38 de 31 de julio de 2000, disposiciones ambientales, entre otras regulaciones.

“El hecho que el administrador de la AMP, descalifique mi denuncia, declarándola como arriesgada, sin investigar como dice la ley, constituye una distorsión peligrosa del debido proceso legal”, recalcó el abogado.

“¿Por qué el señor administrador Noriel Araúz, arriesga faltas al debido proceso legal constitucional, para exculpar a una nave, por lo que, según él fue una conversación telefónica, teniendo los medios técnicos del Estado panameño a su disposición para investigar lo denunciado? ¿Por qué prefiere desestimar ante los medios una denuncia, en lugar de investigarla? aunque él sabe que ésta tiene claros antecedentes contaminantes y está anclada precisamente donde se reportan, según la Alcaldesa de Taboga y el Ministro de Ambiente”, se preguntó Mitchell en la denuncia disciplinaria que ahora debe presentar el vicepresidente Carrizo en la reunión de directiva de la AMP.

En la denuncia penal, Mitchell fue más directo y dijo que la AMP ha sido “incapaz” de reconocer la procedencia del combustible que contaminó Taboga, a pesar que los moradores de la isla denunciaron en su momento a la barcaza Sea Lion como potencial responsable, dado que la misma se encuentra abandonada en la Bahía, en las cercanías de la isla.

También solicitó a la fiscalía superior ambiental del MP que inspeccione el área afectada y se abra una investigación penal, para que sean verificados los hechos de acuerdo con el debido proceso penal.