Denuncian a Varela y piden su separación
Una denuncia presentada ayer ante la Asamblea Nacional reclama la separación del mandatario Juan Carlos Varela, con base en las revelaciones de su exministro consejero y ex mano derecha Ramón Fonseca Mora, quien afirmó que recibió donaciones de Odebrecht y tuvo injerencia en la elección de José Ayú Prado como presidente “manejable” de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia fue interpuesta por el opositor Luis Eduardo Camacho, quien pide investigar a Varela por delitos contra la administración pública o por corrupción de servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
A juicio de Camacho, Varela infringió los siguientes artículos del Código Penal: 329 (de 6 a 21 años de prisión), 345 (pena de 2 a 4 años de prisión), 346 (penas de 4 a 8 años) y 347 (penas de 5 a 8 años).
De ser admitida la denuncia por la Comisión de Credenciales, se nombraría una subcomisión de garantías que con apenas dos votos puede separar a Varela.
La comisión tiene como presidente a Jorge Alberto Rosas y la integran Adolfo Valderrama, Luis Eduardo Quirós, Elías Castillo, Rosa Canto, Rony Araúz, José Muñoz, Sergio Gálvez y Crescencia Prado.
La declaraciones de Fonseca Mora “confirman lo que Cambio Democrático ha denunciado: la intromisión y el control de otros órganos del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la propia Asamblea Nacional y también el Ministerio Público”, explicó Camacho.
Como pruebas, Camacho presentó ejemplares originales de los diarios “La Prensa”, “Mi Diario”, “La Estrella de Panamá”, “El Siglo”, “Día a Día”, “Panamá América” y “Crítica”.
Hasta ahora, hay dos denuncias presentadas en la Asamblea Nacional contra el jefe del Ejecutivo.
El artículo 191 de la Carta Magna advierte que el presidente solo es responsable por extralimitación de sus funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir la reunión de la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública.