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Expresidente Pérez Balladares secuestra bienes y cuentas de La Prensa
Los abogados del exmandatario explican acción de secuestro al diario La Prensa. Destacan que nunca se retractaron de publicación que era falsa y le atribuía tener millones de dólares en una cuenta en Bahamas.
El expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares secuestró las acciones y cuentas bancarias de la Corporación La Prensa, por un monto de hasta un millón 130 mil dólares, parte de una demanda civil presentada hace ocho años por presuntos daños y perjuicios, tras publicaciones realizadas por ese diario en el año 2011.
El secuestro fue dispuesto el 22 de junio por la jueza Decimoquinta Civil, Lina E.Castro De León. La demanda civil es por una cuantía total de $5.5 millones.
La demanda surgió luego que publicaciones de La Prensa destacaban que la sociedad Shelf Holding a la que estaría ligado el exmandatario mantenía depósitos por casi $176 millones en una cuenta depositada en el Banistmo International de Bahamas.
Esa era la tesis del entonces fiscal de Especializado en Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, cuando la realidad que los fondos de la sociedad atribuida a "El Toro" solo tenía saldos de $175 mil y los $176 millones era un monto que correspondía a una cuenta madre de todos los cuentahabientes del Banistmo International de Bahamas.
En su momento el jurista Luis Carlos Cabezas alegó que todo eso era por la "ignorancia financiera" de la Fiscalía.
La demanda por daños y perjuicios surge por publicaciones realizadas el 21 y 22 de marzo del 2011 y fue interpuesta en 2012. La orden de secuestro es sobre los activos - tales como dineros, bonos, acciones o cuentas por cobrar.
Pérez Balladares alegó que La Prensa en las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales. A pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse. Entre sus alegatos, el exmandatario no solo destaca el daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen, sino la posible presión mediática indebida hacia el juez que atendería una audiencia preliminar a la que Pérez Balladares debía acudir por aquel caso.
Además sostiene que la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país.
La orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos.
El presidente de La Prensa, Diego Quijano, alegó que el secuestro es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información, debido a que reprime la continuidad operativa del medio de comunicación, y las obligaciones contractuales.
Quijano alega que el secuestro pone en peligro el pago de la planilla de 240 trabajadores.
La Cámara de Comercio manifestó que más allá de las razones que fundamenten el secuestro de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, como parte de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios, es de suma preocupación por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión.
El exministro Roberto Henríquez dijo que como accionista de La Prensa y viendo que han sido secuestrados por uno de sus muchos demandantes, pido a sus directivos que retomen la objetividad y suspendan la persecución mediática contra los que no son de su simpatía. La supervivencia del diario está en juego.
El secuestro fue dispuesto el 22 de junio por la jueza Decimoquinta Civil, Lina E.Castro De León. La demanda civil es por una cuantía total de $5.5 millones.
La demanda surgió luego que publicaciones de La Prensa destacaban que la sociedad Shelf Holding a la que estaría ligado el exmandatario mantenía depósitos por casi $176 millones en una cuenta depositada en el Banistmo International de Bahamas.
Esa era la tesis del entonces fiscal de Especializado en Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, cuando la realidad que los fondos de la sociedad atribuida a "El Toro" solo tenía saldos de $175 mil y los $176 millones era un monto que correspondía a una cuenta madre de todos los cuentahabientes del Banistmo International de Bahamas.
En su momento el jurista Luis Carlos Cabezas alegó que todo eso era por la "ignorancia financiera" de la Fiscalía.
La demanda por daños y perjuicios surge por publicaciones realizadas el 21 y 22 de marzo del 2011 y fue interpuesta en 2012. La orden de secuestro es sobre los activos - tales como dineros, bonos, acciones o cuentas por cobrar.
Pérez Balladares alegó que La Prensa en las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales. A pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse. Entre sus alegatos, el exmandatario no solo destaca el daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen, sino la posible presión mediática indebida hacia el juez que atendería una audiencia preliminar a la que Pérez Balladares debía acudir por aquel caso.
Además sostiene que la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país.
La orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos.
El presidente de La Prensa, Diego Quijano, alegó que el secuestro es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información, debido a que reprime la continuidad operativa del medio de comunicación, y las obligaciones contractuales.
Quijano alega que el secuestro pone en peligro el pago de la planilla de 240 trabajadores.
La Cámara de Comercio manifestó que más allá de las razones que fundamenten el secuestro de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, como parte de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios, es de suma preocupación por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión.
El exministro Roberto Henríquez dijo que como accionista de La Prensa y viendo que han sido secuestrados por uno de sus muchos demandantes, pido a sus directivos que retomen la objetividad y suspendan la persecución mediática contra los que no son de su simpatía. La supervivencia del diario está en juego.