Gobierno pide que Pandora Papers no difame a la imagen de Panamá

El gobierno panameño contrató firma de abogados en #EEUU: Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP para remitir nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que solicitan que no asignen nombre del país a la próxima publicación, tal como se hizo de manera difamatoria y despectiva con los #PanamaPapers.

Panamá ofreció al ICIJ "un diálogo para proporcionar hechos críticos" e información precisa, ante la publicación de un nuevo escándalo de sociedades extraterritoriales.

Unos 615 periodistas afiliados a 117 medios afiliados al Consorcio revelarán hoy la investigación, bautizada como "Pandora Papers" y que afecta a 11.9 millones de documentos.

La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (AlCoGal) -que sería uno de los blancos de la publicación- explicó que había una alta probabilidad que la cuenta de correo electrónico de uno de sus empleados del departamento de Cumplimiento fue comprometida ilegalmente a finales de 2017. No se encontró evidencia de ingresos adicionales posteriores a esta fecha o relacionados a otro empleado.

La cuenta de correo que fue aparentemente comprometida contenía información, incluyendo los nombres de algunos de los beneficiarios finales, de ciertas compañías incorporadas hasta el final de 2017, señaló AlCoGaL

El ICIJ ha enviado cartas a exmandatarios como Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y otros del PRD respecto a sus publicaciones, pero a la fecha solo se conoce la respuesta de Martinelli.

En una carta fechada el 16 de septiembre enviada al ICIJ, el Gobierno señaló que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio, es decir, los 'Papeles de Panamá' que causó un gran daño al país.

El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación, indicó la misiva de la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, con sede en Chicago

Las autoridades panameñas buscan entablar un diálogo con el ICIJ no para evitar que se "investiguen y publiquen artículos, sino para asegurar tenga la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo".

Alegan que "desde 2015, Panamá ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso".

50% sociedades suspendidas

Panamá suspendió 395,415 de 762,709 corporaciones y fundaciones. Ningún otro país ha suspendido más del 50% de sus corporaciones y fundaciones en un solo acto. Esto por sí solo es una clara demostración del compromiso de garantizar la transparencia y reducir el riesgo de las empresas en su registro con fines ilícitos o de elusión fiscal.

El Gobierno de Panamá "reconoce que si bien aún queda trabajo por hacer, se han tomado pasos concretos para monitorear y hacer cumplir las actividades financieras extraterritoriales", indicó la carta, enviada a Brenda Medina y Emilia Diaz Struck, periodistas de investigación del ICIJ.

Daño reputacional

Las autoridades destacan que el uso del nombre de Panamá en la anterior filtración, tuvo enormes consecuencias negativas para el país que persisten, aunque la gran mayoría del presunto escándalo relacionado con corporaciones offshore, bancos y clientes eran fuera de Panamá.

Esa elección de nombre tuvo profundas e irrecuperables repercusiones en términos de la reputación del país, la economía, la inversión extranjera directa y pérdida de puestos de trabajo para los panameños.

Panamá, y las corporaciones panameñas, solo representan el 0.27% de las sociedades offshore registradas en todo el mundo, no obstante, Panamá se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore y lavado de dinero como resultado del esfuerzo de marca difamatoria.

También se destaca que Panamá no es el principal destino para la estructuración fiscal o los paraísos fiscales y de hecho, menos del 0.37% de las transferencias internacionales que se originan en Panamá van a jurisdicciones de alto riesgo.

En la legislación panameña es obligatorio que los bufetes que actúan como agentes residentes, identifiquen y verifiquen la Propietario beneficiario; las autoridades Tributarias de Panamá comparten la información tributaria de los ciudadanos extranjeros con sus jurisdicción de origen;

Según el Gobierno, Panamá espera que el ICIJ entienda plenamente que ha redoblado sus esfuerzos por un sistema tributario internacional más transparente en colaboración con la comunidad internacional, incluidos el Banco Mundial, el GAFI y la OCDE.

Medidas de retorsión

Por su parte, el exmandatario Ricardo Martinelli estimó que el país ha hecho bien contratando de antemano una firma de abogados y relaciones públicas antes que nos desayunemos con un Panama Papers 2. Lo malo es que haya medios o panameños que celebren la desgracia por publicaciones sensacionalistas sólo por el hecho de ser contra el gobierno.

Martinelli dijo que en una ocasión Francia quería meter a Panamá en lista negra. Fui y les dije que no más barcos con desechos nucleares tóxicos de Europa pasarían por el canal y que buscaran otras opciones. Al día siguiente no nos metieron en la lista. Esto se llama retorsión y Panamá debe hacerlo

No se bajen el pantalón

Para el expresidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, Panamá debe defender su derecho a actuar como un país soberano e independiente sin intromisiones de potencias extranjeras. Mientras sigamos bajándonos los pantalones, más nos seguirán humillando y no saldremos de las listas mientras sigamos accediendo a todo lo que nos ponen enfrente, sin exigir reciprocidad y respeto.

¿Hackeo ilegal?

En tanto, Ebrahim Asvat manifestó que tiene entendido que la mayoría de la información obtenida por el Consorcio es a través del saqueo ilegal de datos mediante engaños. Ninguna información ha sido obtenida por conductos legales. ¿Es ahora práctica periodística robar data' También resalta que la estrategia de los Pandora Papers es que si un 5% demuestra algún nivel de evasión tributaria, el objetivo de demonización de países y actividades financieras extraterritoriales es exitosas, pero la obligación de pagar impuestos es de cada ciudadano y cada empresa y la responsabilidad de exigir es del país de la nacionalidad o residencia o la sede de operaciones. Los terceros no tienen vela en ese entierro.

Asvat sostiene que culpar a Panamá por los evasores europeos o terceros países, es igual que culpar a Panamá por el flagelo de las drogas, que se consumen en Europa y se producen en otros lares.