Gobierno usa al Consejo de Seguridad para atemorizar a políticos
La estrategia del gobierno de Juan Carlos Varela y su brazo ejecutor en el Ministerio Público (MP) al refrescar el caso Financial Pacific (FP), inventando el ángulo sobre "blanqueo de capitales", busca tratar de "meter miedo" a figuras de oposición y empresarios vinculados al gobierno anterior y, de paso, destruir sus reputaciones.
Así lo expresó ayer el analista político José Blandón Castillo, quien recordó que en el caso FP, el liquidador de la casa de valores, José Ángel Hidrogo, quien investigó las cuentas sospechosas, determinó que no había irregularidad alguna.
En este caso, el MP investiga a 18 personas, entre ellas al presidente de NEX, Riccardo Francolini. Blandón vaticinó que este caso tendrá un final igual al de otro caso armado contra Francolini: el de una lesión patrimonial en la Caja de Ahorros que nunca existió, y que terminó cayéndose.
"Esto tiene un objetivo, transmitir a los opositores que 'yo tengo control sobre tí'", dijo Blandón, quien volvió a asegurar que ninguno de los llamados a declarar tienen vinculación a ilícito alguno.
Para Blandón, no es casualidad de que este caso se arme en momentos en que se ha hecho pública la fecha de primarias presidenciales de Cambio Democrático, contienda electoral en la cual Francolini ha asegurado que correrá como candidato.
"Esto está concebido por los organismos de seguridad, que debieran estar pensando en otras cosas, en vez de estar pensando en hacer travesuras, creyendo que con eso le están metiendo miedo a la gente. Ya no les meten miedo con esto", sostuvo.
"Necesitamos que el Consejo de Seguridad saque las manos de la justicia".
Por su parte, el abogado de Francolini, Carlos Carrillo, destacó que no se encuentra en Panamá, y que por ello ha notificado al MP la imposibilidad de que su cliente pueda asistir a ninguna diligencia indagatoria hasta la próxima semana.
Otra abogada de Francolini Marcela Araúz dijo no comprender cómo luego de que la Fiscalía 13.ª, con base en las conclusiones del liquidador Hidrogo, pidiera sobreseimiento en el caso FP y el Ministerio Público se niegue a cerrar el expediente.