Las investigaciones por alteración de cheques de $75 mil del Municipio de Arraiján parece ser el detonante que deja clara la existencia de funcionarios bancarios y particulares
Reynaldo Núñez Montoto / Especial para Crítica Las investigaciones por alteración de cheques de $75 mil del Municipio de Arraiján parece ser el detonante que deja clara la existencia de funcionarios bancarios y particulares que se dedican a este delito, que afecta a varias instituciones gubernamentales.Las denuncias formales presentadas a tiempo por las autoridades municipales tras el cambio ilícito del documento bancario, hecho efectivo en un banco privado, aparentemente han conducido a la detección e investigación de una presunta banda que se dedica a esta práctica ilícita, que va en detrimento de entidades públicas.
Aún cuando se solicitó reserva de los nombres de los presuntos involucrados para no entorpecer las investigaciones, extraoficialmente se supo que, en el caso de Arraiján, el municipio entregó a una mujer un cheque por la suma de $39.
16 para cubrir parcialmente una partida del décimo tercer mes de diciembre de 2012.El cheque, con fecha de 4 de enero de 2013, se hizo efectivo en una entidad bancaria en Vista Alegre.Poco tiempo después, el documento aparece por el monto de $75,125.
67 a nombre de una empresa privada.Todo esto dio lugar a las investigaciones que se mantienen hasta este momento en los tribunales correspondientes, y que, según constatamos extraoficialmente, están bien encaminadas, ya que se tienen nombres específicos y fotos de posibles involucrados.
Aparentemente, en el ilícito participaron cuatro hombres y una mujer, todos empleados bancarios que han sido debidamente identificados, pero que no se han divulgado por las razones anotadas.Trascendió que además del Municipio de Arraiján, con el mismo modus operandi, han resultado afectadas instituciones como el Ifarhu, el Instituto Oncológico, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Marítima, Aeronáutica Civil y el Municipio de Panamá.Sendas cartas fueron dirigidas a los bancos receptores para cancelar las transacciones realizadas y para que brinden detalles que puedan ayudar a llegar al fondo de la situación.