La lucha de unos vecinos contra la gentrificación en el casco viejo de Panamá
La gubernamental Oficina del Casco Antiguo, dependiente del Instituto Nacional de Cultura (INAC), estima que ya se ha restaurado la mitad de los casi 800 edificios coloniales.
Doris Martínez saca de una nevera destartalada una jarra de chicha y se sirve un vaso hasta arriba. El calor no da tregua y está embarazada de ocho meses. Coloca unos papeles que se han quedado desordenados del turno anterior y se sienta en una silla de plástico para tomarse el jugo y refrescarse.
Tiene tres horas de guardia por delante en esta caseta de techo de zinc y paredes de palés, a la que han bautizado como "la trinchera" y que se ha convertido en el emblema de la lucha contra la gentrificación en el casco colonial de la capital de Panamá.
"Nos turnamos 24/7. No se puede quedar vacía porque los policías aprovechan y nos sacan", dice, mientras le suena la nariz a Moisés, su hijo menor de 3 años que le acompaña en todas sus guardias.
"Esto lo hago por ellos, por su futuro", asegura a Efe esta mujer de ojos grandes, que nació en el casco hace cuatro décadas y que ve con tristeza cómo se está convirtiendo en un barrio exclusivo, apto solamente para bolsillos afortunados.
Cansados de promesas incumplidas, un centenar de vecinos protege de la especulación desde hace dos años un terreno baldío de 500 metros cuadrados en el corazón del casco y en el que distintos gobiernos se comprometieron a construir viviendas sociales.
Allí plantaron grandes pancartas con lemas como "Sin habitantes no hay patrimonio" o "El país se está vendiendo al mejor postor" y levantaron "la trinchera", una suerte de cuartel general hasta donde se acercan turistas curiosos y humildes vecinos presionados por sus caseros, que quieren revalorizar y restaurar los viejos caserones coloniales.
"El alquiler de la casa más cara costaba 150 dólares al mes, ahora las casas remodeladas no se rentan por menos de 1.200 dólares mensuales.
"Dime tú quién puede pagar eso", denuncia a Efe la presidenta de la Asociación de Moradores de San Felipe y cerebro de la protesta, Esther Sánchez.
"De aquí no nos vamos hasta que construyan las viviendas que nos prometieron", afirma esta combativa mujer, que fue desalojada de un desvencijado caserón y que ha ocupado temporalmente con el beneplácito de las autoridades y junto a otras familias una escuela abandonada en la turística Plaza Herrera.
El voraz boom inmobiliario que vive el casco viejo de Panamá, un conjunto monumental de edificios coloniales y murallas defensivas de finales del siglo XVII, comenzó a partir de 1997, cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y se ha intensificado en los últimos años.
La gubernamental Oficina del Casco Antiguo, dependiente del Instituto Nacional de Cultura (INAC), estima que ya se ha restaurado la mitad de los casi 800 edificios coloniales.
Durante el día, el casco suena a taladros picando piedra y a gritos de obreros, pero por las noches los lujosos restaurantes y las bonitas terrazas se llenan de turistas. Cada vez hay menos niños jugando al fútbol en las adoquinadas calles o abuelos charlando en las plazas.
"No quieren gente pobre, pero sabemos que es un problema a nivel de todos los cascos de América", reconoce a Efe Aníbal Chacón, esposo de Esther.
"Las escuelas no tienen niños y en los balcones no hay ropa colgada. Los turistas no quieren visitar un Disneyland, quieren ver barrios auténticos", agrega una vecina que se ha pasado a saludar a los que están de turno en "la trinchera".
Según los últimos censos, la población de moradores humildes en San Felipe, el distrito al que pertenece el casco antiguo, ha pasado de 16.000 a principios de los años 90 a algo más de 2.000 en la actualidad.
Pese al desgaste de la lucha, los vecinos ven algo de luz al final del túnel con el reciente nombramiento del director de la Oficina del Casco Antiguo, Fernando Díaz Jaramillo, que es consciente del drama humano y que sabe que la solución pasa por construir viviendas sociales en la zona y no enviarlos a la periferia de la ciudad.
"El Estado panameño tiene el deber de no permitir que la esencia del barrio se pierda. Nuestra población tiene un papel protagónico en la salvaguardia de este patrimonio universal", apuntó Díaz en una escueta declaración a Efe.