La presión debe ser a la Corte por contrato con Minera Panamá
"En adelante la presión debe apuntar hacia la Corte Suprema" de Justicia, advirtió el jurista Ramiro Guerra, al analizar la situación del contrato ley con Minera Panamá, que enfrenta varias demandas de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal.
La derogatoria de la ley 406, era una salida para resolver el tema de la minera. Sin embargo, sectores de la sociedad civil vieron que esa derogación por parte de los diputados, era una salida de claro signos de oportunismo político; de intentar lavarse las caras y ocurrió que vastos sectores de la sociedad civil, no le dieron valor a la iniciativa de la Asamblea, a pesar que la derogatoria si era viable, sostuvo Guerra.
Para el abogado, excluido el tema de la derogatoria, se allana el camino a las acciones de inconstitucionalidad que se ventilan en la Corte Suprema de Justicia.
Corresponderá ahora a los sectores orgánicos de la lucha contra la ley 406, evaluar ¿el qué hacer?, porque el fallo de la Corte Suprema, tardará más del mes, explicó Ramiro Guerra.
El también cientista político señaló además que la pregunta que nos hacemos, ¿acaso la estrategia para dilatar la lucha, se ha anotado un punto a su favor? ¿resolverá la Corte Suprema en la dirección que demanda el pueblo? ¿qué hacer en adelante?
Otra de las principales agrupaciones detrás de las manifestaciones, "Sal de las Redes", pidió a la población que siga "haciendo presión a la Corte Suprema de Justicia para que actúe con rapidez sobre el fallo de inconstitucionalidad".
"¡Estemos pendientes! ¡Estemos alerta!", reclamaron, en un aparente llamado a seguir en las calles.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López es sustanciadora en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas contra el artículo 1 del contrato de Minera Panamá.
López es una de las seis magistradas designadas en la Corte por el mandatario Laurentino Cortizo. La presidenta del judicial está emparentada con un alto cargo de Morgan y Morgan, firma que ha representado a Minera Panamá por más de 25 años, al igual que a la transnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd.
Esa firma también fue apoderada judicial de la minera en la anterior demanda de inconstitucionalidad que fue fallada en diciembre del 2017 por el magistrado Jerónimo Mejía.
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