Más de 1,192 casos de corrupción reportados en Panamá hasta agosto
"La impresión general es que no hay seriedad en el combate a los escándalos de corrupción que han marcado la administración del expresidente Laurentino Cortizo", señala un experto en el tema.
El Ministerio Público han recibido 1,192 denuncias de corrupción hasta el mes de agosto en las fiscalías especializadas, según estadísticas del MP. De estas, 90 denuncias se encuentran actualmente en fase de investigación, lo que deja entrever la magnitud de la problemática que aqueja al país.
La opacidad en las investigaciones genera desconfianza entre la ciudadanía, que percibe una falta de compromiso real en la lucha contra la corrupción.
"La impresión general es que no hay seriedad en el combate a los escándalos de corrupción que han marcado la administración del expresidente Laurentino Cortizo", señala un experto en el tema.
Los casos emblemáticos, como las máquinas perforadoras del Ministerio de Salud, la pérdida de vigas, y el escándalo de salarios cobrados por fallecidos, son solo la punta del iceberg.
La situación es crítica: el Ministerio Público debe acelerar las investigaciones, pues la pasividad observada hasta ahora podría tener graves consecuencias. Es imperativo que antes de hacer públicas las indagaciones, se realice una sesión investigativa inmediata en cada una de las instituciones públicas involucradas para recabar pruebas concretas.
La corrupción no solo es un problema local; un estudio de Transparencia Internacional sitúa a América Latina en los niveles más bajos en términos de transparencia y combate a la corrupción. "Estamos enfrentando un fenómeno que amenaza el desarrollo de nuestros países y los sistemas democráticos", advierte un analista político.
Desde 2020 hasta 2023, el Ministerio Público ha adelantado 17 investigaciones de corrupción, abarcando casos de juntas comunales, auxilios económicos, y la misteriosa pérdida de 240 armas de la Policía Nacional. ¡Es hora de que se tomen acciones decisivas! La lucha contra la corrupción en Panamá no puede seguir siendo una mera declaración de intenciones. ¡La ciudadanía exige respuestas y justicia!