Mossack Fonseca intentó borrar lavado argentino
Patricia Amunátegui fue clave en el juicio en Nevada que afectó al bufete Mossack Fonseca en 2014. En el juicio se rastreaban 123 sociedades atribuidas al argentino Lázaro Báez, acusado como testaferro de los Kirchner. Todas eran administradas por una sucursal de la oficina panameña en Las Vegas, cuya única empleada era la chilena Amunátegui. Conozca cómo Mossack Fonseca intentó borrar sus huellas de esta trama que involucra a Báez y a los Kirchner.
Jueves 11 de septiembre de 2014. Son las 8:41 a.m. y la chilena Patricia Amunátegui está sentada en un banquillo de la Corte Distrital de Nevada (Estados Unidos), esperando ser interrogada por Dennis H. Hranitzky. El abogado Hranitzky representa a NML Capital, uno de los llamados fondos buitre que entabló un juicio contra la República de Argentina, país al que le reclama el pago de $1,700 millones.
En el juicio, en el que comparece en calidad de testigo, se intenta probar que MF Corporate –empresa de Nevada donde ella es la única empleada– es una sucursal del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon), fundado en 1977 por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca.
Desde ese día hasta el 16 de marzo de 2015, cuando el juez de Nevada Cam Ferembach dicte sentencia, ejecutivos del bufete panameño harán lo imposible por borrar todo rastro que los vincule con la oficina que maneja Patricia Amunátegui. De esa operación, de la que el tribunal estadounidense nunca se enteró, dan cuenta una serie de correos que encontró Ciper y “La Nación” (Argentina) entre los 11.5 millones de registros de Mossfon.
MF Corporate, empresa cuyo único rostro en Nevada es Patricia Amunátegui, quedó bajo la lupa de la justicia estadounidense tras revelarse que a través de esa oficina se gestionaron 123 sociedades “offshore” cuya propiedad es atribuida al empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se adjudicó millonarios contratos de obras públicas con el Estado, comenzó a ser investigado en 2013 por el fiscal argentino José María Campagnoli bajo sospecha de haber utilizado esas sociedades para lavar $65 millones.
Pocos días después de que Patricia Amunátegui compareciera ante la Corte de Nevada, el ingeniero de sistemas de Mossack Fonseca, Luis Martínez, la contactó vía Skype. Martínez dejó rastro de esa conversación en un correo electrónico enviado el 17 de septiembre a varios ejecutivos del bufete en Panamá:
“Me preocupa mucho la señora Patricia. Se le olvidan las cosas (tiene 60 años) y se pone muy nerviosa, creo que con esta situación podemos quedar fácilmente en evidencia de que estamos ocultando algo (…). No se acordaba del “password” que ella misma actualizó del usuario espejo y tenía más de tres meses de no utilizarlo. Le ayudamos con esto y se le dieron instrucciones de utilizar palabras o nombres que ella pueda recordar con facilidad (…). Debe tener mucho cuidado de dejar evidencia física de lo que imprime”, comunicó Martínez.
El abogado representante de NML Corporate, Dennis H. Hranitzky, le preguntó en la audiencia a la chilena
-¿Reconoce ese documento como su contrato de empleo con MF Corporate Services Nevada? -le preguntó. -Sí. Quiero estar segura, sí. -respondió Amunátegui.
-¿Puedo pedirle que mire la última página? ¿Reconoce su firma? -Sí.
-¿Y reconoce la firma del señor Jurgen Mossack y del señor Ramón Fonseca? -Nunca vi su firma antes, asumo que sí.
-¿Sabe usted si los señores Mossack o Fonseca han tenido alguna posición en MF Corporate Services? -No, nunca pregunté. Soy la única administradora y empleada de MF Corporate Service.
El abogado le preguntó quién era la presidenta de MF Corporate. Amunátegui respondió: Imogene Wilson. Se trata de la misma ejecutiva panameña de Mossack Fonseca que tiene el rol de directora en más de 420 sociedades “offshore” creadas por el bufete en más de una docena de jurisdicciones.
Amunátegui reconoció haber actuado como secretaria de Aldyne Ltd., sociedad domiciliada en Seychelles y cuyo agente registrado es Mossack Fonseca. Aldyne es la corporación de papel ligada a 123 sociedades atribuidas por el fondo NML al empresario kirchnerista Lázaro Báez y con las que se habrían hecho operaciones para lavar dinero. Desde 2003, año en que Néstor Kirchner asumió el poder, Báez facturó cerca de $870 millones por contratos de obras públicas para el Estado
En un “e-mail” del 10 de septiembre de 2013, solo un año antes de la declaración de la testigo chilena ante la Corte de Nevada, una ejecutiva de Mossack Fonseca instruyó “procesar la renuncia de la Sra. Patricia en la sociedad Aldyne Ltd. (…). La fecha de la renuncia sería el 5 de junio del 2013 (tres meses antes del envío del correo), que fue la fecha en que Damiani notificó lo de la noticia”.
Ese mismo 11 de septiembre de 2013, la abogada de Mossack Fonseca, Sara Montenegro, sugirió vía correo electrónico a otros ejecutivos de la compañía: “Lo mejor es que (Patricia Amunátegui) no firme nada más a nombre de la sociedad hasta que este tema haya pasado (…). Nunca sabemos por dónde saltará la liebre”.
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