Movimiento antiminería urge a la Justicia a decidir sobre contrato
Exigieron a la Corte Suprema, que ha admitido al menos seis demandas de inconstucionalidad, "actuar con la mayor prontitud y urgencia posible en atención a la crisis actual".
El movimiento 'Panamá Vale Más Sin Minería', uno de los más fuertes contra la minería, exigió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia "actuar con urgencia" sobre las demandas de inconstitucionalidad admitidas contra el polémico contrato minero, que ha desencadenado graves protestas en el país centroamericano.
El contrato ley firmado hace casi dos semanas con Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) fue "irresponsable", y para proteger al país de futuros reclamos de la compañía debe darse "el fallo de inconstitucionalidad, que es el más probable que emita la Corte Suprema de Justicia", anunció el movimiento en un comunicado.
Por ello exigieron a la Corte Suprema, que ha admitido al menos seis demandas de inconstucionalidad, "actuar con la mayor prontitud y urgencia posible en atención a la crisis actual".
También sugirieron que la Corte "podría dictaminar que la aprobación del nuevo contrato es un desacato" de su fallo de inconstitucionalidad en 2017 sobre el anterior contrato minero.
Ese movimiento también espera que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que establece una moratoria minera, el cual actualmente está siendo discutido en el segundo de los tres debates obligatorios en el hemiciclo.
Ese proyecto de ley, aún en discusión, incluye un artículo que derogaría el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de FQM, para explotar durante 20 años prorrogables la mina a cielo abierta más grande de Centroamérica.
También pidió al Parlamento rechazar el proyecto de ley que llama a una consulta popular el próximo 17 de diciembre para decidir si se deroga o no el contrato, una consulta propuesta la semana pasada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ya que "traslada a la ciudadanía la responsabilidad que deriva de las actuaciones inconstitucionales de los Órganos Ejecutivo y Legislativo".
Desde que Cortizo firmó el contrato minero el pasado 20 de octubre, Panamá se ha sumido en una grave crisis, con las mayores manifestaciones en las últimas décadas, bloqueos en las principales carreteras y paros de varios gremios, que han llevado al país a una semiparalización.