Padres piden sanción a directora por invitación de Franklin Robinson

La Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá (Anpafa) envió una carta de protesta al Ministerio de Educación (Meduca) en la que solicitan sancionar a la directora del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Juan Diaz, Iris Caballero, por invitar a un activista LGBT a dar un discurso y bailar en un evento de aniversario de la institución.

 

Según los padres de familia, el activista, Franklin Robinson, ha estado involucrado en escándalos de inmoralidad y practica actos graves que van en contra de los valores morales que deben promoverse en una institución educativa. Robinson también ha expuesto públicamente su plan de adoctrinar a jóvenes en ideología de género, lo que preocupa a los padres.

 

En un vídeo difundido en redes sociales, la directora del colegio califica a Robinson como "un ejemplo" para los estudiantes, lo que ha sido considerado como un atentado contra la integridad de los adolescentes por los padres de familia.

 

Los padres de familia han señalado que la directora ha violado el artículo 56 de la Constitución, que establece que "El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos." También han citado el artículo 3 de la ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que establece que la educación panameña se fundamenta en principios universales, humanísticos, cívicos, éticos, morales, democráticos, científicos, tecnológicos, en la idiosincrasia de nuestras comunidades y en la cultural nacional.

 

En respuesta a los señalamientos, Robinson ha declarado que los padres de familia están más preocupados por su agenda anti-LGBT que por la educación y protección de los niños.

 

Robinson dijo que es un egresado del IPT Juan Díaz, y ha motivado a los estudiantes a estudiar, cuidar su escuela y desarrollar sus habilidades aprendiendo en casa y en YouTube.

 

La polémica ha generado un debate en torno a los límites de la educación sexual y la libertad de expresión en las instituciones educativas, y ha puesto de relieve la necesidad de establecer protocolos claros en torno a estos temas.