Plazo para renegociar contrato sobre Cobre Panamá generó preocupación

Gran preocupación generó el “plazo fatal” que el Gobierno dio para renegociar la concesión del proyecto Cobre Panamá, en Coclesito. 

La situación provocó de forma directa una inestabilidad que pudo tener repercusiones internacionales, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo.

Castillo, quien espera que esta buena noticia produzca una situación de confianza, afirmó que "el hasta aquí o el plazo fatal produjo mucha preocupación a nivel nacional e internacional". 

“Por suerte, al final llegaron a un acuerdo nominal, con la aceptación que realizó la empresa, pero todavía no vemos el contrato que ambas partes deberían suscribir. Esperemos que ese proceso, que no es sencillo, se materialice prontamente”, dijo.

Después de las conversaciones, la propuesta del Gobierno Nacional, de un aporte anual mínimo 375 millones de dólares por parte de la mina Cobre Panamá, fue aceptada por Minera Panamá.

La crítica al Gobierno sobre esta negociación radica en el lenguaje utilizado en el que se habló de hora específica y planes de todas las letras, si no se lograba un acuerdo en el plazo dado. "Ojalá que nunca más se utilice ese lenguaje tan directo de establecer plazos fatales, creo que una negociación tiene sus procesos", afirmó Castillo en el programa Panamá en Directo, que se transmite en La Tipik.

 La principal preocupación del empresario es que al estar hablando de una empresa que cotiza en la bolsa, hay mucha información que fluye a nivel mundial y esto generó una  situación volátil en la cual se le plantea a la empresa que hay una opción de salir del país, "porque cuando no hay un acuerdo y se pone un plazo fatal, entonces, le estamos diciendo a esa empresa bueno tu opción es irte, porque no hay acuerdo y no lo aceptaste en forma  directa como nosotros te lo planteamos, tu opción sería irte".

Castillo manifestó que -en el escenario de la especulación- si el plan B era expropiar a la empresa y decirle a otras empresas que entraran a operar la mina, ese sería un camino tortuoso y peligroso para el país, sobre todo en las circunstancias en las que está el país tratando de atraer capitales.

"Dijimos en nuestro comunicado que esto tenía tres cosas básicas que debían soportar la relación entre la empresa que explota el cobre y el Estado: el interés nacional, como es obvio; la protección de los puestos de trabajo, directamente son 4000, pero hay una onda expansiva que produce la inversión que llega a muchos más miles de personas; y, en tercer lugar, la protección del medio ambiente que se debe dar en función del fortalecimiento de las auditorías correspondientes", aseveró.

 Y es que la generación de empleos es un factor determinante a evaluar, ya que el proyecto Cobre Panamá representa más de 39 mil plazas de trabajo formal entre directas e indirectas.

A juicio de Castillo, se debió informar previamente cuál eran los tiempos, informar periódicamente las posturas de cada parte, para al final, desembocar en el anuncio del acuerdo o el anuncio de que definitivamente no podía haberlo y que se abrieran las vías legales en ese caso hipotético que no hubiese acuerdo para darle continuidad a la operación.

"Insisto, es una buena noticia que una empresa que ha puesto, creo que 6,000 mil millones de dólares aproximadamente, creo que es la inversión privada más grande que haya llegado a un acuerdo con el Estado panameño. Esperamos ansiosamente el contrato correspondiente".

En caso de que la negociación no hubiese resultado positiva, las consecuencias hubiesen sido muy difíciles para el país, ya que esto implicaría demandas, reclamos y hasta bloqueos de parte de las empresas, si en algún momento pensaron invertir en Panamá.

 A pesar de que existe un fallo de la Corte que dijo que el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 con el Estado es inconstitucional, y que el Gobierno tomó como base para renegociar, ya existen opiniones de juristas como es el caso del exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, que planteó  de que en caso el Estado deje de reconocer los derechos adquiridos bajo el contrato por Minera Panamá, S.A. por considerar que el contrato queda anulado, como consecuencia de la publicación de dicha sentencia, Minera Panamá podría ejercer las acciones que el contrato le permite en las cláusulas vigésima segunda y vigésima tercera, sobre incumplimientos sustanciales y arbitraje, respectivamente.

Para ello, se podría aplicar el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, el Convenio entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre el Trato y Protección de la Inversión, y el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Canadá.