Rechazo total a intento de reducir penas a agresores sexuales
La Senniaf emitió un comunicado expresando su rechazo al proyecto, considerándolo un retroceso en la normativa de derechos humanos
El anteproyecto de Ley 192, que pretende reducir la pena a los agresores sexuales de seis a tres años, ha generado una ola de críticas y rechazo rotundo en Panamá. Presentado por el abogado Erik Barrios el pasado 25 de marzo bajo una iniciativa ciudadana, este proyecto ha suscitado controversia por sus implicaciones en los derechos humanos y la protección de los menores.
En su exposición de motivos, Barrios hizo referencia a la cultura indígena, argumentando que esta permite relaciones entre menores de edad y mayores de 18 años, consideradas normales. Sin embargo, esta propuesta de apenas dos artículos ha sido objeto de duros cuestionamientos por parte de juristas, diputados y organizaciones como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La Senniaf emitió un comunicado expresando su rechazo al proyecto, considerándolo un retroceso en la normativa de derechos humanos al normalizar las uniones o matrimonios con personas menores de edad, lo que constituye un abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Además, señaló que la reducción de penas a los agresores sexuales viola el derecho de las víctimas a recibir una justa penalización según los delitos cometidos en su contra.
La diputada Corina Cano declaró que el anteproyecto no está en la agenda de la Asamblea Nacional y, de estarlo, sería rechazado en su totalidad. Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, calificó la propuesta como "descabellada", argumentando que reducir la pena solo contribuiría a mantener a los agresores en las calles, poniendo en riesgo la integridad social.
Fraguela enfatizó en la importancia de aplicar sanciones acordes a la gravedad de los delitos cometidos y expresó su preocupación por el deterioro de los valores sociales. Planteó la pregunta de si el proponente de la reforma mantendría la misma postura si alguien cercano resultara víctima de un agresor sexual, insinuando que las sanciones blandas podrían perpetuar la impunidad de los delincuentes.
Ante el rechazo generalizado, la Senniaf instó a los diputados a no admitir este proyecto, destacando la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. Con opiniones encontradas y una fuerte oposición, el futuro de la Ley 192 queda en suspenso mientras la sociedad panameña debate sobre la protección de sus derechos fundamentales y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual.