Recibirán Municipio de Arraiján en quiebra y con deuda millonaria
Peñalba informó que el municipio adeuda aproximadamente $4 mil al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y $37 mil a una empresa telefónica.
Stefany Dayan Peñalba, la recién electa alcaldesa del distrito de Arraiján, ha expresado preocupación al asumir el cargo debido al estado financiero crítico del municipio, describiéndolo como "en quiebra" con deudas que alcanzan los 10 millones de dólares.
Peñalba informó que el municipio adeuda aproximadamente $4 mil al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y $37 mil a una empresa telefónica. Además, existen deudas significativas de $3 millones con una aseguradora y una cantidad similar con la empresa encargada del centro de videovigilancia del distrito.
Adicionalmente, la alcaldesa destacó que se deben $8 millones a Capacitaciones Centrales, S.A. (Capaces), una deuda que no ha sido abonada por administraciones anteriores. En 2007, el Municipio de Chame y Capaces firmaron un contrato para la recaudación de impuestos municipales durante 13 años, comprometiéndose la empresa a recibir el 50% de lo recaudado por cada dólar.
Peñalba subrayó la necesidad de elaborar un plan estratégico para priorizar el pago de estas deudas y estabilizar la situación financiera del municipio.
Con respecto a este panorama financiero, la alcaldesa mencionó que ha informado a los representantes de corregimiento electos sobre la necesidad de "hacer sacrificios".
A partir de julio, la nueva administración se ha propuesto la meta de recaudar $50 millones para comenzar a revertir la situación económica del municipio.
En respuesta a estas preocupaciones, el alcalde saliente, Rollins Rodríguez, afirmó que ha dejado un fondo de 1.6 millones de dólares para la administración entrante, criticando lo que considera un "clima de sensacionalismo".
Rodríguez también señaló que el pago del centro de videovigilancia es responsabilidad del Gobierno central y no del municipio, añadiendo que se han cumplido puntualmente con los pagos de servicios básicos, lo cual está documentado en los registros de la Contraloría General de la República.