A segundo debate contrato con Minera Panamá
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate con 7 votos a favor y dos en contra de Elías Vigil y Juan Diego Vásquez, el contrato reformado entre el Estado y Minera Panamá. Al mismo tiempo que grupo sindicales anuncian tranques de vías hoy a las 7:00 a.m., 10:00 a.m. y al mediodía para realizar luego una marcha desde las 4:00 p.m. desde la plaza Porras hasta los predios del legisltivo.
Hoy deben presentarse informes de mayoría y minoría para el segundo y tercer debate. Mientras se daba la aprobación, en las afueras del Palacio Legislativo se daban protestas de sindicalistas y ambientalistas.
Votaron a favor Roberto Abrego, Cenobia Vargas, Nelson Jackson, Víctor Castillo, Francisco Alemán, Alain Cedeño y Ariel Alba.
El presidente de la comisión, Roberto Ábrego, no descarta que la Junta Directiva de la Asamblea habilite el próximo viernes para sesionar y destacó la eliminación de cláusulas sobre expropiación, donde la empresa tenía el derecho de solicitarla; así como restricción de sobrevuelo del espacio aéreo; información sobre el beneficiario final; y el uso del agua, donde se establece que no podrá haber afectaciones en las áreas adyacentes al Canal de Panamá.
Igualmente, se deja constancia de que ninguna de las disposiciones de este contrato respecto al uso del agua podrá ser interpretada de manera que riña con las facultades, derechos y responsabilidades que se confieren a la Autoridad del Canal de Panamá, establecido en la Constitución Nacional sobre el recurso hídrico.
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno, y el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido, y en cambio "se establece que esta información está sujeta a la ley".
A lo largo de ayer, ambientalistas y sindicatos se manifestaron frente a la Asamblea a la vez que bloquearon temporalmente algunas vías.
Este nuevo contrato establece unos ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco.