Vandalizan hidroeléctrica en Changuinola, Defensoría y empresa se pronuncian
Según AES, desde hace más de 12 días este mismo grupo de miembros de las comunidades Ngäbe mantienen cerrada, injustificadamente, las vías de acceso a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola I
Durante la madrugada de este martes, 15 de diciembre un grupo pequeño de indígenas armados - con piedras, machetes y palos- irrumpieron las instalaciones de la Estación Hidro Biológica de Changuinola, causando daños considerables en equipos e infraestructura de las instalaciones, según dio a conocer AES Changuinola.
A causa de estos actos, ha quedado fuera de operación una de las unidades de generación que representa alrededor 10MW de energía que sacan del sistema de interconectado nacional. Esto representa el 10% de la capacidad instalada de la planta.
En las instalaciones de la Estación Hidro Biológica de Changuinola se encontraban personal de seguridad y colaboradores de la empresa. Uno de ellos fue herido, por este grupo de personas, y ya se encuentra recibiendo la atención médica necesaria. Mientras que, otros colaboradores se vieron forzados a abandonar el área y refugiarse en el área boscosa.
Según AES, desde hace más de 12 días este mismo grupo de miembros de las comunidades Ngäbe mantienen cerrada, injustificadamente, las vías de acceso a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola I, afectando el derecho al libre tránsito de nuestros colaboradores, su integridad física y el acceso a sus puestos de trabajo. Esta situación, también compromete la seguridad jurídica y el goce pacífico de la concesión otorgada a AES Changuinola en el año 2006.
Este pequeño grupo de manifestantes, que ha tomado estas acciones de fuerza, aduce el incumplimiento por parte de AES Changuinola de supuestos derechos que tendrían conforme a su personal apreciación, en función del desarrollo del proyecto Changuinola I; sin embargo, luego de múltiples negociaciones y compensaciones a estos mismos grupos durante los últimos 10 años, en mayo del 2018, se realizó un cierre definitivo del proceso de compensaciones con la firma de un finiquito de beneficio de cumplimiento entre la empresa y cada una de las más de 300 personas indemnizadas.
Este documento fue firmado a su vez por las siguientes entidades del estado: Cancillería, Ministerio de Seguridad, Defensoría del Pueblo, Dirección de Política Indígena y el Ministerio de Ambiente, evidenciando que los reclamos que mantienen actualmente este pequeño grupo no tienen ningún sustento.
Desde el 2006, la empresa, como socios y aliados del Estado panameño, más allá de nuestros compromisos legales, hemos mantenido en todo momento nuestras actividades de responsabilidad social en las áreas adyacentes a nuestros proyectos, cumpliendo no solo con la indemnización del 100% de las familias con algún tipo de afectación, por un monto total de 32 millones 108 mil 301 dólares, sino también entregando obras de infraestructura y de servicios públicos en las comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, por un monto de $54 millones 915 mil 981 dólares, sumando así más de $87 millones de dólares desembolsados, entre compensaciones individuales e inversión social.
Preocupados por la seguridad y bienestar de sus colaboradores se encuentran coordinando la salida de nuestro personal vía aérea e incorporando más recursos que puedan resguardar nuestras instalaciones para tratar de ponerlas de vuelta en operación, cuando estas sean seguras. También, se encuentran colaborando con las autoridades locales en las investigaciones correspondiente a lo sucedido, así como lo establecen las leyes panameñas.
AES Changuinola exige que se garanticen las condiciones de seguridad para mantener sus operaciones y resguardar la integridad física de nuestros colaboradores y contratistas.
Defensoría del Pueblo hace llamado al diálogo, la paz y la negociación ante conflicto entre la comunidad Ngäbe Buglé e Hidroeléctrica
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos, rechaza categóricamente los actos vandálicos, que ha sido objeto la empresa AES Corporation durante la madrugada de hoy, los cuales han afectado el normal funcionamiento de la planta hidroeléctrica y dejando en riesgo la seguridad de los colaboradores, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo desde el 2009, ha sido garante del acuerdo firmado entre las comunidades afectadas por el proyecto Chan I, autoridades de gobierno y la empresa AES Corporation. En este sentido, desde el pasado 9 de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo inició conversaciones con los dirigentes de las comunidades Ngäbe Buglé, para establecer una mesa de diálogo y a su vez se les solicitó disminuir las acciones que puedan afectar a terceros, a fin de llevar una negociación entre las partes en un clima de paz, en el mes de enero de 2021.
“Rechazamos cualquier ataque a una planta de generación eléctrica que no solo pone en riesgo la vida de sus colaboradores, sino que también afecta a los 4 millones de panameños que vivimos en la República de Panamá”, señaló el Defensor del Pueblo.
Leblanc González, lamentó esta grave situación en donde colaboradores de la planta que se encontraban realizando sus funciones, hayan tenido que refugiarse en áreas de bosques cercanos a la planta, porque temían por sus vidas. Agregó, que la Defensoría se ha mantenido garante de la paz y mediador ante los conflictos; por ello, no puede aprobar, ni endosar actos que van en contra de las leyes penales.
También se dio a conocer que la Defensoría del Pueblo se reunió el día de ayer con personal de AES y autoridades de gobierno, en donde se abordaron cada uno de los temas y peticiones de las comunidades. En dicha reunión se informó que se han invertido cerca 88 millones de dólares y que alrededor de 517 familias han sido indemnizadas. De igual forma, la Defensoría solicitó constancia a la empresa para verificar si lo indemnizado corresponde a cabalidad con los acuerdos y finiquitos firmados por la comunidad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, serían los mediadores en el conflicto con el Estado Panameño, las comunidades Ngäbe Buglé afectadas: Charco la Pava, Valle Rey, Guayabal, Chang Arriba afectadas y la empresa AES Corporation, por la existencia de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los acuerdos que se logren serán supervisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Panamá, la Defensoría del Pueblo, apoyará en su implementación; promoviendo un diálogo de altura y respeto, donde se mantenga una cultura de paz.
G/c
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