Varela vuelve a pedir la renuncia de magistrados

El mandatario Juan Carlos Varela reprochó un fallo de la Corte Suprema de Justicia y volvió a inmiscuirse en asuntos de otro Órgano del Estado al pedir la renuncia de los dos magistrados que resolvieron el caso que era una demanda que obliga ahora al Estado a pagar $5.4 millones por rescindir un contrato por $279 mil para reparar en el 2001 una carretera en el sector del 20, en Nuevo Vigía.

Ayer Varela se encontró con el presidente de la Corte, José Ayú Prado y dijo: “le ratifiqué mi inconformidad como presidente de la República, al ver que en una demanda de $250,000 de un proyecto del PAN (Programa de Ayuda Nacional), dos magistrados (Víctor Benavides y Alejandro Moncada) fallen contra el Estado por casi $5 millones y medio. Eso no está bien”.

“Cuando hablé de romper filas, es que el que no se alía al Estado, lo que más le conviene es romper filas, renunciar y apartarse, porque aquí vamos a revisar todo y sobre todo vamos a exigir a los 200,000 funcionarios ser en todo momento leales al Estado”, advirtió el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Ayú Prado respondió a Varela: “el Ejecutivo habla de lealtad al Estado, nosotros hablamos de que no hay nadie por encima de la Constitución y la Ley (ni el Presidente de la República ni el Presidente de la Corte). No hay nadie por encima de un Estado de derecho y nosotros vamos a procurar que así sea, que nadie se sienta por encima de la Constitución y la Ley”.

Ayú Prado recordó que ante las decisiones de la Corte, se “debe dar la respuesta ante los conductos correspondientes, ante quien debe dar las respuestas, porque no es ante cualquiera, porque sino no estamos en un Estado de derecho y garantizando todos los principios procesales fundamentales, los derechos a la defensa y los privilegios”.

En cuanto a la petición que hizo Varela para que los funcionarios que actúen contra el Estado renuncien, Ayú Prado manifestó: “yo no entendí que fuera aludido a la Corte Suprema de Justicia, puesto que el Presidente de la República sabe muy bien que el Ejecutivo no puede inmiscuirse en los otros dos órganos del Estado”.

El contrato en mención fue otorgado y anulado por el gobierno del mandatario Martín Torrijos a la empresa Java Inversiones, que luego presentó una demanda a través de Carlos Carrillo por daños y perjuicios, que ha dado vueltas y hasta antes tuvo un fallo favorable a sus pretensiones cuando la Sala Tercera estaba conformada por Benavides, Winston Spadafora y Adán Arjona, pero entre estos hubo diferencias en el tema del daño moral que reclamaba la compañía.

Lo que ahora cuestiona Varela fue la sentencia del 10 de mayo de 2013, de la Sala Tercera, que firman los magistrados Víctor Benavides, Alejandro Moncada Luna y Luis Ramón Fábrega, este último salvó su voto.

Java Inversiones alega que la anulación injustificada del contrato afectó a la empresa, ya que los proveedores y clientes, a raíz de esta situación, le han negado toda solicitud de crédito, para así poder participar en algún tipo de contratación pública y se afectó su volumen de ingresos, liquidez y cumplimiento regular de los préstamos generados por dicho proyecto.