El Caso New Business
Otro caso abusivo y arbitrario armado por el ministerio público paralelo Alemán-Saltarín
El caso New Business no es más que otro caso abusivo y arbitrario armado por el ministerio público paralelo Alemán-Saltarín, creado el 2 de julio de 2014, del cual la procuradora Kenia Porcell formó parte como miembro del Consejo de Seguridad.
A pesar de que existen muchos hechos o actuaciones que sustentan o prueban lo anterior por razones de espacio y tiempo, nos referiremos en este artículo a los siguientes hechos y actuaciones abusivas y arbitrarias reveladoras:
Primero, porque la compra y venta de Epasa del 2010 a la familia Arias Galindo no fue otra cosa más que eso mismo: una compra y venta por la cual una parte compró y la otra vendió un bien determinado. Y ya.
Segundo, porque el caso se inició con tan solo una denuncia sin pruebas de un diputado panameñista, luego de una serie de notas de Epasa sobre dineros de Odebrecht recibidos por una empresa de familiares del diputado panameñista Varela.
Tercero, porque al caso se le dio un trámite tan expedito que termina por explicarse cuando se conoció que la procuradora Porcell formó parte del ministerio público paralelo Alemán-Saltarín al ser miembro del Consejo de Seguridad de entonces.
Cuarto, porque en su último discurso del 2 de enero de 2019 ante una Asamblea Nacional sitiada por miembros de la Policía presidencial, el presidente Varela confiesa su gran disgusto por las notas de Epasa críticas de su gestión.
La compra y venta de Epasa
La compra y venta de Epasa se llevó a cabo en cumplimiento de las mejores prácticas para transacciones de este tipo, algo que constataron todos los profesionales y especialistas que brindaron sus servicios en y para las partes de la transacción.
Al inicio se firmó un acuerdo de confidencialidad, se realizaron las debidas diligencias, se acordó el precio, se firmó un contrato de promesa de compra y venta y se pagó un abono al precio acordado.
Al final se suscribió un certificado de entregables, se pagó el saldo del precio, los vendedores endosaron las acciones a la compradora, se realizó la entrega “in situ” de la empresa y se hizo un anuncio público y conjunto.
En la transacción brindaron sus servicios especializados las firmas de abogados Morgan & Morgan y Chanis Abogados y Consultores, la firma de CPA’s Deloitte y los bancos Global Bank y Banco General.
Los servicios brindados por Morgan & Morgan y Chanis Abogados y Consultores se circunscribieron a los servicios legales usuales de tipo contractuales, corporativos y de representación legal y corporativa y la debida diligencia legal.
Los servicios brindados por la firma Deloitte se circunscribieron a aquellos servicios contables usuales de tipo financieros, la realización de la debida diligencia financiera de la empresa objetivo y la gestión de pago de los impuestos causados.
Los servicios brindados por Global Bank y Banco General se circunscribieron a la captación y cobro de los fondos que fueron usados para llevar a cabo la compra y venta y a la emisión de los cheques de gerencia usados en la transacción.
Cumpliendo con sus obligaciones legales, Global Bank captó todos los fondos usados para realizar la compra y venta y además giró con tales fondos todos los cheques de gerencia usados para hacer todos los pagos de la transacción.
Igualmente, cumpliendo con sus obligaciones legales, Banco General captó y cobró todos los cheques que fueron girados por Global Bank para hacer los pagos de la transacción, salvo por los cheques girados para pagar los impuestos causados.
Específicamente, el precio de las acciones se pagó con dos (2) cheques de gerencia girados a favor de una fundación de interés privado de la accionista-vendedora mayoritaria, quien los depositó en Banco General a su entera satisfacción.
En ese momento, Banco General mantenía las acciones de Epasa bajo su custodia como garantía prendaria de préstamos que por hasta ocho (8) cifras bajas había otorgado a Epasa cuando aún estaba bajo la administración de los vendedores.
Siendo así, Banco General exigió a los accionistas-vendedores de la familia Arias Galindo que cancelaran la totalidad de los préstamos que les adeudada Epasa, como condición previa a la liberación de las acciones para poder traspasarlas.
Para cumplir con la exigencia anterior de Banco General, la compradora depositó fondos adicionales en Global Bank con los que compró un tercer (3.er) cheque de gerencia a favor de Banco General por el saldo total adeudado de los préstamos.
Luego de recibir a satisfacción el cheque anterior por hasta ocho (8) cifras bajas de manos de la vendedora, Banco General liberó las acciones a los vendedores para que las pudieran traspasar en cumplimiento de lo acordado con la compradora.
Como entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, ambos Global Bank y Banco General cumplieron con la obligación legal de conocer a los clientes, así como de conocer el origen lícito de todos los fondos captados o cobrados en la transacción cuando prestaron sus servicios especializados a la compradora o a la vendedora.
Como último paso de la transacción de compra y venta, Global Bank giró un cuarto (4.°) grupo de cheques de gerencia para pagar los impuestos causados con fondos de la compradora; fondos estos que el Estado también aceptó a satisfacción.
Como punto final y esencial sobre esta compra y venta está que desde su ejecución en el año 2010 no ha habido cambio en la composición accionaria de Epasa. O sea, los accionistas de Epasa hoy son los mismos que la compraron entonces.
La denuncia del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha
La procuradora Kenia Porcell inició este caso con base en una denuncia hecha por el diputado panameñista y de gobierno Jorge Iván Arrocha en el pleno de la Asamblea Nacional, los días 6 y 7 de febrero de 2017, arropado de inmunidad.
¿Si su denuncia era veraz y tenía las pruebas que la respaldaban por qué la hizo en el pleno de la Asamblea Nacional desde cuyo lugar goza de inmunidad parlamentaria por razón de la curul que ocupa en dicho Órgano del Estado?
¿Por qué no presentó su denuncia ante el Ministerio Público desprotegido de dicha inmunidad parlamentaria como la procuradora Kenia Porcell le exigió al magistrado De León cuando supuestamente le dijo: Me grabaron, me grabaron?
¿Por qué la procuradora Porcell le dio a la denuncia del diputado Arrocha la expedita atención o prioridad que le dio cuando en la Asamblea Nacional se hacen denuncias así todos los días en el calor de los debates y que no llegan a más?
En ese momento el diputado panameñista era, además, miembro muy cercano de la cúpula de su Partido Panameñista en el Gobierno, el cual tenía como su presidente al diputado Jose Luis Varela, hermano del presidente de la República.
Antes de su denuncia, Epasa publicó varias notas investigativas sobre el diputado Arrocha y sobre investigaciones en Suiza sobre fondos de Odebrecht recibidos por una empresa reasegurada propiedad de familiares del diputado Varela.
Entre las cosas que dijo el diputado Arrocha en su denuncia en el pleno de la Asamblea Nacional estuvo la siguiente:
“No importa cuántas cosas saque el Panamá América, o la Crítica [Crítica] en contra de Jorge Iván Arrocha, todos los días voy a dar un nombre diferente y si es mentira que salgan a desmentirlo…”
Dejando en evidencia con tales declaraciones que la motivación real detrás de su denuncia era detener las notas investigativas de los diarios de Epasa sobre su persona y sobre miembros de la alta cúpula del Partido Panameñista.
Como cosa curiosa, o como premio tal vez por la presentación de la denuncia, en julio de ese mismo año, el diputado Arrocha fue electo vicepresidente de la Asamblea Nacional por encima de otros panameñistas con mayor trayectoria.
El inicio del proceso por la procuradora Kenia Porcell
El trámite expedito que se le dio a la denuncia del diputado Arrocha se explica luego de conocer que la procuradora Kenia Porcell fue parte del ministerio público paralelo Alemán-Saltarín como miembro del Consejo de Seguridad de entonces.
A la foja 1 del proceso consta nota de 8 de febrero de 2017 del secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, por la cual remite a la procuradora Kenia Porcell la denuncia del diputado Arrocha del 6 de febrero de 2017.
A la foja 2 del proceso consta el extracto de esa primera denuncia del 6 de febrero de 2017 del diputado panameñista en la cual solicita a la procuradora Kenia Porcell investigar la compra y venta de Epasa de diciembre del 2010.
A la foja 3 del proceso consta otra nota de 8 de febrero de 2017 del secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, por la cual remite a la procuradora Kenia Porcell otra denuncia del diputado Arrocha del 7 de febrero de 2017.
A la foja 4 del proceso consta el extracto de esa segunda denuncia del 7 de febrero de 2017 del diputado panameñista en la cual reitera su solicitud a la procuradora Kenia Porcell de investigar la compra y venta de Epasa de diciembre del 2010.
O sea, en menos de dos (2) días hábiles, el secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, actuando de forma muy diligente y eficiente, le remite a la procuradora Kenia Porcell ambas denuncias hechas por el diputado Arrocha.
Ambas notas de Franz Wever, fechadas 8 de febrero de 2017 referidas en los párrafos anteriores, fueron recibidas de forma expedita y sin cuestionamientos por parte de la Procuraduría General de la Nación el día 10 de febrero de 2017.
O sea, en menos de otros dos (2) días hábiles de la fecha de emisión de las notas remisorias del secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, la procuradora Kenia Porcell recibió dichas notas de forma expedita, diligente y eficiente.
A fojas 5-11 del proceso consta diligencia cabeza de proceso de la procuradora Kenia Porcell de 21 de febrero de 2017 por la cual ordena a los fiscales del Ministerio Público a iniciar la investigación de la denuncia del diputado Arrocha.
O sea, en tan solo siete (7) días hábiles de supuestamente conocer por vez primera la denuncia del diputado Arrocha, la procuradora Porcell se sintió lo suficientemente ilustrada para dar inicio a una investigación de tanta complejidad, a pesar de que el diputado Arrocha no aportó ni una prueba que corroborara lo denunciado o de un posible delito precedente.
A foja 12 del proceso consta nota de la Procuraduría General de la Nación de 22 de febrero de 2017 dirigida a Marcelino Aguilar, fiscal primero especializado contra la delincuencia organizada, en la que se le ordena en parte lo siguiente:
“Por medio de la presente, le remito para la continuación del trámite investigativo, sumario iniciado por la supuesta comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), sustentada en las notas No. AN/SG/No. 246 y AN/SG/No. 249-17 ambas del 8 de febrero de 2017, suscritas por el secretario general de la Asamblea Nacional, Franz O. Wever Z., quien a su vez adjunta la transcripción de las intervenciones del honorable diputado Jorge Iván Arrocha, respecto al periodo de incidencias de las sesiones ordinarias celebradas el 6 y 7 de febrero de 2017.”
O sea, lo único que le sirvió a la procuradora Porcell como base para iniciar tamaña investigación fue la denuncia del diputado Arrocha arropado de inmunidad; y no bajo la gravedad de juramento con las consecuencias que ello implica.
Más nada. No recibió ni un solo documento que tuviese valor probatorio. Solo la palabra de un diputado panameñista con inmunidad, y con claros ribetes políticos le bastó a la procuradora Porcell.
El proceder en este caso fue de “pitcher” a “ catcher”, ya que el diputado Arrocha no tenía la facultad para tener acceso a información armada por el Consejo de Seguridad; la única que tenía acceso a la misma era la procuradora Porcell por haber sido miembro del Consejo de Seguridad cuando se creó y operó el ministerio público paralelo Alemán-Saltarín.
Solo así se explica – aunque no se justifica – el actuar expedito y sin prueba o fundamento de la procuradora Porcell.
El discurso del 2 de enero de 2019 del presidente de la República
La gran molestia o disgusto con la línea editorial de Epasa ha sido expresada de forma amplia por altos miembros del partido panameñista en distintos foros públicos y privados durante todos estos cuatro años y medio de gobierno varelista.
Quedando esa molestia o disgusto evidenciado tan recientemente como este 2 de enero de 2019 en el discurso presidencial ante una Asamblea Nacional sitiada por la policía presidencial, cuando el presidente expresó lo siguiente luego de hacer una pausa prolongada para tomar un trago de agua e inmediatamente antes de anunciar su plan sobre la quinta papeleta:
“[…] Ordenar el país, desmantelar una estructura delincuencial, enfrentar ataques a diario de medios con indicios de estar vinculados a casos de corrupción consumió más energía que lo que pensamos sería necesaria, por ello no sentí que el ambiente era propicio para cumplir con la promesa de darle al pueblo una nueva constitución a través de la constituyente paralela. […]”
En otras palabras, el presidente dijo que enfrentar críticas de medios acusados sin pruebas por una procuradora designada por él mismo ocupó tanto de su tiempo, que fue esa la razón por la cual no cumplió con su principal promesa de campaña.
Tal declaración resultó ser una confesión de que le dedicó gran parte de su trabajo a funciones que no son competencia del presidente de la República, sino que por Constitución son exclusivas de quien sea procurador(a) general de la nación.
Declaraciones como esta son la cerecita del pastel o la prueba reina del poder que tuvo el ministerio público paralelo Alemán-Saltarín y de la intromisión posterior y continuada en las funciones de Porcell una vez designada procuradora.
O sea: ¡A confesión de parte, relevo de pruebas!
Por tanto, el caso New Business no es más que otro caso abusivo y arbitrario armado por quienes crearon y formaron parte del ministerio público paralelo Alemán-Saltarín para iniciar procesos espurios en contra de críticos al gobierno varelista.
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