RedacciónLa lucha de los indígenas Ngöbes Buglé contra la explotación minera en Cerro Colorado generó respaldo en una mayoría de panameños.Casi el 75 por ciento de la población rechazaba ese tipo de proyecto.
Es entendible la preocupación ambiental sobre el tema de la minería, pero otra cosa es pretender frenar todas las actividades que se puedan desarrollar en la comarca.
El presentar una propuesta para prohibir el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en las zonas indígenas, resulta contraproducente para el desarrollo del país.Con los precios del crudo por las nubes, Panamá requiere explotar sus recursos hídricos y de esa forma generar energía eléctrica más barata para la población.Es una justa aspiración que los indígenas que vivan en las áreas donde están las hidroeléctricas, logren el mayor beneficio colectivo posible, pero el prohibir ese tipo de obras es irse a los extremos.
Panamá debe contar con un mayor número de hidroeléctricas para ir eliminando poco a poco la dependencia de la generación térmica que se traduce en fuga de divisas.Hay cerca de 46 concesiones en trámite y otras 33 otorgadas, entre ellas 19 proyectos en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, con una inversión de casi 1,800 millones de dólares.
Lo correcto es que parte de esa millonaria inversión se destine a mejorar la calidad de vida de los indígenas, construir escuelas, centros de salud y vías de comunicación para llevar progreso a las comarcas.También establecer adecuadas normas ambientales.De igual modo, debe existir una consulta previa con los indígenas para explicarle el alcance de los proyectos y no pretender sorprenderlos con los proyectos.