Respeto a la institucionalidad

No bien han transcurrido 72 horas del triunfo del candidato Juan Carlos Varela, cuando ya éste da indicios de cuáles serán los derroteros de su gobierno, que al parecer transitará bajo el signo del autoritarismo e irrespeto a la institucionalidad jurídica del país.

En todo sistema democrático existe la separación de los órganos del Estado y su armónica colaboración basada en el principio de legalidad que señala que "el funcionario solo puede hacer aquello que la ley permite".

Por ello resulta inverosimil, por decir lo menos, las declaraciones del mandatario electo, en las que pide la renuncia del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un órgano totalmente autónomo del Ejecutivo, así como la de funcionarios nombrados por periodos fijos, por así estar establecido en la ley como los son entre otros, el Fiscal Electoral, La Defensora del Pueblo, la Contralora General de la Nación, la Procurador General de la República, entre otros.

Estos petitorios son sencillamente violatorios de la Constitución y la ley.

El Presidente electo recibió un mandato claro de todos los panameños, pero debe gobernar, apegado al orden jurídico y ese es el juramento que prestará cuando reciba la banda presidencial, por lo que resulta preocupante, que aún sin haber ejercido el cargo, ya brinde declaraciones que van a contra vía de la institucionalidad.

Que Varela no cometa el error de entronizar la prepotencia y el autoritarismo, que no pervierta el mandato popular que le fue otorgado el pasado domingo con revanchismo y venganza, que achican y desmeritan su triunfo. Que se gobierne con sentido democrático, es a lo que aspiramos todos y si se pretende remover a un funcionario es por la comisión de un delito y cumpliendo antes con el debido proceso.