Millonarias pérdidas
Preocupación es lo que se vive cada vez que un grupo de manifestantes deciden cerrar la vía Panamericana en la provincia de Chiriquí, ocasionando grandes pérdidas no solo a la economía, sino también a la población en general.
Durante el mes de marzo, en más de 10 ocasiones fue cerrada la vía Panamericana, en puntos como San Félix, Remedios y David, y el mes de abril no fue la excepción de la regla.
En el oriente Chiricano, indígenas de diferentes puntos fueron protagonistas de un cierre que se extendió por más de 48 horas, generando grandes pérdidas, de igual forma por varios días consecutivos en el distrito de David, los protagonistas fueron estudiantes, docentes y administrativos rechazando el proyecto de ley que permitía la reelección a la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) Etelvina Bonagas.
El cierre más reciente fue en Tolé, donde grupos de la Comarca Ngäbe Buglé, no le permitieron el pasado a nadie por espacio de 29 horas, exigiendo que se cumpla con la construcción de una carretera y dos puentes, generando pérdidas por el orden de los $6 millones.
En este cierre, los indígenas exigían vías de acceso a sus comunidades específicamente hacia el sector de Llano Culebra y la habilitación de un puente sobre el río Tabasará.
Las autoridades se comprometieron con la habilitación del puente de zarzo sobre el río Tabasará, para el 16 de mayo, y el puente sobre el río Cuvíbora, el mismo sería considerado dentro de los 100 puentes modulares que ya están licitados y que se encuentran en la etapa de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Ante los constantes cierres de calles, los directivos de la Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI), sostuvieron un nuevo acercamiento con la máxima autoridad de la provincia, el gobernador Juan Carlos Muñoz, para exigir el accionar inmediato para evitar estas medidas de fuerza.
La reunión contó con representantes de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRA), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), y productores agropecuarios, quienes indicaron que en este último cierre más de 97 articulados quedaron varados, cinco de ellos con medicamentos y pipas de oxígeno que se dirigían a Centroamérica, aunado a una gran cantidad de productos perecederos.
“Es un problema que se genera en la jurisdicción de Chiriquí; sin embargo, la problemática emana de la comarca, por esta razón solicitamos el apoyo del Gobernador de la provincia, para que nos reunamos todos en una mesa de trabajo, con los actores del gobierno comarcal, para buscar soluciones definitivas”, puntualizó Felipe Venicio Rodríguez.
Por su parte, el gobernador, Juan Carlos Muñoz, se comprometió a realizar las gestiones para que en los próximos días se pueda articular la mesa de trabajo, donde se espera la participación de actores claves, entre ellos el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, los gobiernos locales legales, entre otros.
Rodríguez dejó claro que el gobierno debe dar soluciones a las comunidades antes que busquen como medida de presión el cierre de calles.
El empresario dijo que existe mucha preocupación, como si se estuviera en un caldero, ya que incluso se habla de que puede haber una agenda política detrás de estos cierres.
Las perdidas económicas que generan las protestas por día en la provincia de Chiriquí, para Rodríguez, están entre los $10 y $13 millones.
En tanto, Elías Jiménez, productor en la provincia de Chiriquí, dijo “entendemos a los manifestantes, pero debe tomarse en cuenta que se afecta a personas que no tenemos nada que ver, nuestro trabajo en el campo acaba en la vía, en un cierre y los productos se dañan tras las largas horas de cierre".
La población clama a gritos que el gobierno brinde solución a los problemas.