Con los básicos derechos constitucionales y legales violados se encuentra el teniente de la Policía Nacional, Luis Alberto González, a quien vinculan con la muerte de un
Redacción / Crítica / Con los básicos derechos constitucionales y legales violados se encuentra el teniente de la Policía Nacional, Luis Alberto González, a quien vinculan con la muerte de un sujeto que sometió a su familia el 5 de diciembre de 2012, en Villa Marta, de Tocumen.Según los familiares del oficial, la fiscal primera superior Geomara Guerra de Jones ordenó recluirlo en la cárcel La Joya violando el Artículo 23 de la Constitución, además de otros artículos del Código Penal.
Sumado a ello, la familia del teniente cuestiona el hecho de que la fiscal Guerra ha obviado detalles determinantes en el caso, como la existencia de un video que desmiente la presencia del oficial en el lugar de los hechos en la hora en que fue reportado el suceso, además de las versiones de testigos que vieron al ahora difunto (Alberto Moreno Murillo) en una tienda, justo en el momento en el cual él se encontraba con su esposa presentando la denuncia en la DIJ.
A ese detalle se unen otros como la hora del reporte del hallazgo del cuerpo y el momento en que ocurrió el atraco a su familia.La familia del teniente cuestiona también que existen “muchísimas irregularidades” y contradicciones en el expediente y consideran que la alta funcionaria se ha ensañado con el miembro de la Policía Nacional.“Como este caso hay muchos otros, en los que se ha ignorado el debido proceso de investigación antes de emitir una sentencia de detenciones preventivas”, resaltaron los familiares del teniente González, ya que aseguran que no se ha tomado el tiempo para analizar las piezas procesales, y detectar que hay una serie de contradicciones en cuanto a tiempo, modo y lugar de los hechos.