Detención de Abraham Rico Pineda entre polémica y controversia legal
La defensa argumentó que se había violado los derechos constitucionales de Pineda debido a la publicación de su fotografía en medios de comunicación, junto con un ofrecimiento de $25,000 dólares de recompensa por su captura, sin haber llevado a cabo previamente diligencias para asegurar su comparecencia.
La audiencia de legalización, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares para Abraham Rico Pineda, investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, se llevará a cabo mañana miércoles por la tarde, según informó Víctor Orobio, miembro del equipo de defensa.
Orobio detalló que, durante la audiencia previa sobre la afectación de derechos constitucionales, la Juez de Garantías determinó que no hubo vulneración de estos derechos.
La defensa argumentó que se había violado los derechos constitucionales de Pineda debido a la publicación de su fotografía en medios de comunicación, junto con un ofrecimiento de $25,000 dólares de recompensa por su captura, sin haber llevado a cabo previamente diligencias para asegurar su comparecencia.
El abogado también mencionó que la juez decidió no realizar de inmediato la audiencia de control de garantías, optando por el plazo de 48 horas para cumplir con los procedimientos legales.
Víctor Orobio subrayó que lo más relevante es que Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, se entregó de forma voluntaria ante las autoridades.
Subrayó que en la audiencia de mañana, el equipo legal presentará argumentos y pruebas que, según ellos, demostrarán que el joven no tiene vínculo con ninguna organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
A las 8 de la mañana de este martes, Pineda se presentó voluntariamente en el Sistema Penal Acusatorio para asistir a una audiencia solicitada por sus abogados, con el fin de discutir la presunta afectación a sus derechos constitucionales.
Sin embargo, su llegada fue interrumpida por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes lo detuvieron y esposaron en medio de forcejeos y protestas de su equipo legal.
Los abogados, incluyendo a Víctor Orobio y Ángel Álvarez, argumentaron que la intervención policial violó los derechos de su cliente, quien debía presentarse en la audiencia de afectación de sus derechos.
La operación Jericó investiga a más de 20 personas presuntamente involucradas en delitos relacionados con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales.