El asesinato de cantante panameño destapa la corrupción policial de Veracruz

El asesinato de Gibrán Martiz, un joven cantante que estaba abriéndose camino en el mundo de la música, ha vuelto a dejar en evidencia

El asesinato de Gibrán Martiz, un joven cantante que estaba abriéndose camino en el mundo de la música, ha vuelto a dejar en evidencia la corrupción de las autoridades policiales de Veracruz, un Estado al este de México. El músico fue secuestrado en su casa y apareció, cinco días después, en el interior de un vehículo con un tiro de gracia. La policía dijo que encontró su cadáver al enfrentarse con los sicarios que se habían llevado a Gibrán. Abatidos los culpables y encontrado el desaparecido, tocaba cerrar el caso.

Solo por la insistencia de los padres del cantante, que visitaron hospitales, comisarías e interrogaron a los vecinos que vieron cómo se llevaron a su hijo, se está conociendo poco a poco lo que en verdad pudo haber pasado. Después de varios días dando pábulo a la versión oficial, el Gobierno de Veracruz ha reconocido que hay siete policías implicados en el caso. “Fueron funcionarios los que se lo llevaron a él y a un amigo (también asesinado) con el que vivía. Solo queremos saber qué ocurrió, que no se cierre en falso”, cuenta por teléfono Erick, el hermano del cantante, que se dio a conocer gracias al programa de televisión La Voz de México, un popular reality show.

Gibrán Martiz, de 22 años, era un cantante local y más bien desconocido, que el verano pasado se presentó a un concurso de Televisa en el que se promociona la carrera de un grupo de meritorios. Acabado el programa, este enero había decidido independizarse. Apenas llevaba un día viviendo en un apartamento que había alquilado en Xalapa, la capital de Veracruz, cuando alguien lo secuestró a él y a su compañero de piso, un chico de 17 años con el que había empezado a colaborar en una maqueta. Era 7 de enero. La familia intentó contactarlo sin éxito durante varios días. Sus allegados se alarmaron al enterarse de que no se presentó a una actuación que tenía apalabrada en una discoteca. Su hermano denunció la desaparición el día 12 de enero, a través de Twitter.

El padre, Efraín, se desplazó a Xalapa para tratar de encontrarlo. Su desaparición tuvo mucho eco en las redes sociales. La gente del mundo del espectáculo se volcó en el asunto. Su cadáver apareció el día 20, en un lugar apartado: La Ternera, después del supuesto tiroteo entre policías y criminales. Los agentes que montaron el operativo dijeron que en los coches de los sicarios, además de los cuerpos, encontraron uniformes de policías, armas, chalecos. Daban a entender que los asesinos se habían hecho pasar por policías. El procurador-fiscal-del Estado, Felipe Amadeo Flores, dio por buena esa versión y la difundió en una comparecencia pública.

El padre del cantante estaba convencido de que le engañaban. Los asesinos de su hijo, pensaba, son verdaderos policías. O al menos habían tenido una actuación muy activa en su muerte. Los vecinos le habían dado el color y la matrícula del coche en el que lo secuestraron y al ir a denunciar a asuntos internos el caso, se topó en el garaje con el vehículo. “No me voy a ir huyendo. Soy de las personas que cree que en una guerra de estas hay que poner familia, primos, hermanos, hijos. Para que las cosas cambien y el país mejore. Y si a mí me tocó poner a mi hijo, ni modo”, dijo el padre durante esos días.

Poco a poco la historia se está esclareciendo. Los policías, según cree la familia por las investigaciones que ha estado llevando a cabo, agarraron por algún motivo a dos jóvenes amigos de Gibrán. Los chicos tienen antecedentes por robo de coches. En un momento dado, la policía tuvo que ir con estos hasta el apartamento donde estaban Gibrán y su amigo. Se llevaron a los cuatro. El resto de la historia sigue en sombra. Las autoridades no han explicado cuál es el papel exacto de los policías ni el motivo de los asesinatos. Les imputa los delitos de abuso de autoridad y coacción.

El Gobierno de Veracruz, y más concretamente su gobernador, Javier Duarte, han recibido duras críticas por su política de seguridad y su forma de administrar la justicia. Regina Martínez, una periodista de la revista Proceso que investigaba asuntos espinosos, fue asesinada en abril de 2012. La investigación de su asesinato estuvo acompañada de una campaña de descrédito hacia la informadora que intentaba tapar una posible connotación política del crimen. Más tarde fue detenido un posible asesino, un drogadicto que arrastraba una enfermedad. En la cárcel dijo que lo habían torturado y la realidad es que la única prueba en su contra era su propia confesión. Lo dejaron libre. En el caso de Gibrán ya comienzan a circular fotografías en las redes sociales en las que se le ve armado y con droga. Nadie parece saber de dónde han salido.

En Veracruz, las víctimas no descansan en paz últimamente.