Finaliza audiencia preliminar en caso de compensación de diablos
Fueron 182 defensores, quienes participaron de esta audiencia, 164 defensores particulares y 18 públicos; quienes presentaron sus alegatos y 278 incidentes (227 prescripciones, 44 nulidades y 7 solicitudes de modificación de medidas).
Luego de 40 días de sesión judicial culminó la audiencia preliminar contra 541 imputados por peculado, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en el denominado caso de compensación de buses “diablos rojos”.
La jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al término de ley para calificar el mérito legal del sumario y resolver las 274 solicitudes que fueron aducidas ante el tribunal durante el desarrollo de este juicio. De la cifra señalada se desprende que se presentaron 43 incidentes de nulidad, 227 incidentes de prescripción, 1 solicitud de extinción de la acción penal y 3 solicitudes varias
La fiscal Anilú Batista Carles informó que, con los elementos que constan dentro de la vista fiscal, se solicitó la apertura de causa criminal para 61 exfuncionarios, 28 representantes de concesionarias o prestatarias y 451 personas más, entre transportistas y particulares; a quienes se les formuló cargos dentro de esta investigación.
En la conclusión de los alegatos, se indicó la existencia de una triangulación, con un grado de complicidad por parte de las concesionarias y los transportistas, también con el actuar doloso por parte de los exfuncionarios, que ya entonces en estos días de audiencia se estableció cuál era la participación de cada uno.
Fueron 182 defensores, quienes participaron de esta audiencia, 164 defensores particulares y 18 públicos; quienes presentaron sus alegatos y 278 incidentes (227 prescripciones, 44 nulidades y 7 solicitudes de modificación de medidas).
Esta audiencia preliminar, que inició el 14 de marzo de 2022, en las instalaciones del Gimnasio Roberto Durán, en Juan Díaz, se da por la investigación conocida como compensación de «diablos rojos».
Esta investigación inició con denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública.
Como parte del proceso que inició como parte de la modernización del sistema de transporte público en la ciudad capital, las cuales fueron acumuladas.