Más buscado aprehendido en San Francisco apela detención provisional
El defensor particular apeló la detención provisional impuesta a su patrocinado, fijándose para el próximo 4 de marzo de 2020, a las 4:00 p.m., en el salón 10, para la celebración de la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
Un juez de garantías ordenó la detención provisional Elizalde Alberto Viruet Coindet, de 31 años, y le formuló cargos por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos durante una audiencia de control realizada en el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.
La concurrencia de varios riesgos procesales fueron fundamentales para que la juez de Garantías tomara la decisión de imponer la medida cautelar más severa de detención provisional, entre ellos, el peligro para la comunidad, ya que el solo hecho de portar un arma de fuego sin el permiso correspondiente, atenta contra la colectividad, pues lo puede conllevar a la comisión de otros delitos. Aunado a lo anterior, la juzgadora consideró también el peligro de desatención al proceso.
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Previo al debate de la medida cautelar personal, la juez de Garantías Irene Cedeño, legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de la imputación hecha por el fiscal Adyanis Valdés, en representación del Ministerio Público, quien tendrá un plazo legal para concluir la investigación.
Por su parte, Miguel Rodríguez, defensor particular apeló la detención provisional impuesta a su patrocinado, fijándose para el próximo 4 de marzo de 2020, a las 4:00 p.m., en el salón 10, para la celebración de la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
AntecedentesTras una llamada anónima realizada durante un operativo de carnavales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, aprehendió el pasado martes 25 de febrero de 2020 Viruet Coindet, quien se encontraba en la lista de los más buscados, en el corregimiento de San Francisco, manteniendo en su poder un arma de fuego sin permiso, con municiones sin detonar.
El hoy imputado, era buscado por la Policía Nacional ya que mantenía una orden de captura por el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Colón, para el cumplimiento de una pena de 80 meses de prisión por un delito relacionado con drogas, y por el cual se ofrecía una recompensa de cinco mil dólares para quien proporcionara información de su paradero.