Un sistema penitenciario degenerado y permisivo
La investigación solicitada por el presidente Laurentino Cortizo es de índole administrativa.
El ministro de Gobierno y el de Seguridad presentaron este martes al país un informe conjunto de las investigaciones administrativas realizadas en el Centro Penitenciario La Joyita, relacionadas con los hechos acaecidos el pasado 17 de diciembre de 2019, en el cual 13 privados de libertad fallecieron y 14 resultaron heridos.
Argüelles era una de las personas responsables de adoptar las medidas para evitar el ingreso de objetos prohibidos al penal.
También, el ministro Romero informó que al comisionado José Melamed, al subcomisionado Alberto Correa y al cabo primero Roberto Pinto, a quienes se le aplicó la separación del cargo, no se le encontraron elementos de prueba para formularles cargos disciplinarios por el hecho investigado.
Romero indicó que los resultados de las investigaciones fueron remitidos a las instancias encargadas de velar por la responsabilidad de sus miembros, por parte de la Policía Nacional en la Dirección de Responsabilidad Profesional y Junta Disciplinaria, y por parte de la Oficina de Investigación Administrativa del Ministerio de Gobierno.
Mientras que Mirones detalló que el día de la revuelta solo había un policía en la parte externa de La Joyita y las celdas dentro del pabellón 14 no estaban cerradas.
Días antes se habían realizado dos requisas, que lograron la incautación de armas cortas y otros artículos; sin embargo, explicó que no se lograron ubicar las armas que se utilizaron durante los hechos, porque estaban escondidas dentro de cavidades profundas, desarrolladas tecnología dentro del pabellón 14.
Para Mirones, la construcción de estos escondites tardaron unos dos unos 2 años y se necesitaron a muchas personas para construirlos.
Durante su presentación del informe, Mirones detalló las necesidades que enfrentan en materia de seguridad y equipo, tanto personal como de tecnología, las diferentes cárceles del país, además de explicar el manejo del Sistema Penitenciario de Panamá, que es administrado por el Ministerio de Gobierno y Justicia.
También hizo un desglose de la leyes que rigen el sistema penitenciario para que "se tenga una idea de la estructura que se maneja".
El ministro también se refirió a las deficiencias encontradas dentro del penales, destacando la falta de luminarias, de cercado, de un sistema de videovigilancia, scaner y, ofreciendo como ejemplo la revisión de forma manual que todavía se realiza para poder ingresar a las cárceles del país.